La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley dos medidas de su administración destinadas a fortalecer la seguridad pública mediante la educación de los futuros policías y el restablecimiento del servicio espiritual dentro del Departamento de Seguridad Pública (DSP).
Las leyes, firmadas junto al secretario del DSP, general Arthur Garffer; el superintendente de la Policía, Joseph González; y la superintendente asociada, Diana Crispín, buscan facilitar acuerdos entre agencias públicas y privadas para mejorar el reclutamiento de agentes. “Hoy estoy firmando dos medidas que facilitarán los acuerdos colaborativos entre agencias, el sector público y privado, para aumentar el número de policías”, expresó González Colón.
Durante la firma, también estuvieron presentes la coronel Alba Díaz, el director de la Oficina de Base de Fe de Fortaleza, Juan Gaud, y el senador Gregorio Matías, junto a más de 15 capellanes de distintas denominaciones religiosas.
El Proyecto de la Cámara 445, ahora Ley 123-2025, enmienda la Ley de Reforma Educativa para permitir que estudiantes de escuela superior interesados en integrarse a la Policía adelanten créditos universitarios. Este esfuerzo busca combatir el obstáculo del requisito de un grado asociado antes de ingresar como agente. “Esta medida facilita la transición de los jóvenes hacia la carrera policiaca y elimina procesos burocráticos”, sostuvo la gobernadora.
Por otro lado, el Proyecto de la Cámara 446, convertido en la Ley 124-2025, enmienda la Ley 20-2017 para crear oficialmente el Cuerpo Interdenominacional de Capellanes de Puerto Rico dentro del DSP. Este organismo integrará los distintos cuerpos de capellanes de agencias gubernamentales para brindar consejería, apoyo emocional y asistencia espiritual a empleados públicos y ciudadanos durante emergencias, desastres o crisis personales. Según La Fortaleza, la nueva ley “reafirma el valor histórico y comunitario” de este servicio.
El cuerpo incluirá representantes de la Iglesia Católica, la Fraternidad Pentecostal, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Concilio de Iglesias de Puerto Rico, la Comunidad Hebrea, la Comunidad Musulmana y otras entidades religiosas registradas en el Departamento de Estado.
Estas leyes se suman a otras firmadas por González Colón para reforzar las protecciones legales de los agentes del orden público. Entre ellas, la Ley 120-2025 (antes Proyecto de la Cámara 580), de los representantes Carlos “Johnny” Méndez y Félix E. Pacheco, que enmienda el Código Penal para establecer agravantes automáticos por delitos cometidos contra policías o funcionarios públicos. Esto permitirá aumentar hasta un 25% las penas o multas.
Además, la Ley 121-2025 (antes Proyecto de la Cámara 581) tipifica como delito grave la agresión a un agente del orden público en el cumplimiento del deber, con una pena fija de cinco años de prisión. En conjunto, ambas penas podrían implicar hasta seis años y tres meses de reclusión para quienes agredan a un policía estatal o municipal mientras cumple su labor.
Con estas medidas, el gobierno busca reforzar no solo el reclutamiento y la educación en la Policía, sino también la protección y el bienestar físico y espiritual de quienes velan por la seguridad del país.
