La gobernadora Jenniffer González evitó este martes hacer expresiones sobre la nueva fase de la investigación que realiza el Departamento de Justicia en torno a alegaciones que involucran a la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña. La mandataria se limitó a recalcar que su atención está en los proyectos de desarrollo que impulsa su administración.
“Estoy enfocada en lo que tengo que hacer ahora mismo. Estamos poniendo primeras piedras en proyectos de agua y tenemos otras de infraestructura de energía. Aquí estamos logrando cosas a nivel federal… No me voy a enfocar en más nada que sea el trabajo que estamos haciendo”, dijo González a preguntas de El Nuevo Día.
El lunes, Justicia activó el término de 90 días que establece la Ley 2 de 1988 del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) para continuar la pesquisa sobre presuntas irregularidades en un centro de inspección y venta de marbetes en Yabucoa, que hasta diciembre pertenecía a Pérez Peña.
En respuesta a esa determinación, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, expresó en sus redes sociales que “si esto terminara en una exoneración, el precio político habrá sido demasiado caro” y añadió que, si hubiese cargos, “la peor denuncia sería que sabiendo lo que venía, no protegieron a la gobernadora”.
En semanas recientes, González había reiterado que los señalamientos contra Pérez Peña se originaron antes de que asumiera la secretaría de Vivienda. Sin embargo, la jefa de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia, Sonia Martínez, precisó que la investigación abarca hechos tanto previos como ocurridos durante la gestión de la funcionaria en la agencia.
“Habiendo tantas cosas importantes por discutir, no voy a caer en comentarios de nadie”, insistió González durante un acto de reconocimiento a estudiantes de excelencia académica en La Fortaleza.
Justicia informó por escrito que solicitó los 90 días para determinar si existe causa para investigar y referir el caso al PFEI. La agencia indicó que, al concluir la evaluación, decidirá si recomienda el nombramiento de un fiscal para examinar el informe final.
La pesquisa se originó a partir de un referido presentado por los representantes populares Ramón Torres y Swanny Vargas. La DIPAC indicó que analizará evidencia documental y testifical adicional antes de decidir si los señalamientos podrían constituir delitos contra la administración pública. Entre los posibles entrevistados figuran funcionarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas.
Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, afirmó que “todo se ha hecho en orden. Fortaleza no ha tenido ninguna intervención, y entendemos que todos los abogados de Justicia son oficiales públicos de primer orden, y no tenemos por qué dudar en la competencia de ellos”.
