La gobernadora Jenniffer González anunció que su administración evalúa recurrir a los tribunales o presentar el asunto ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para invalidar un acuerdo laboral de LUMA Energy con el sindicato estadounidense International Brotherhood of Electrical Workers. Según la mandataria, este pacto obliga a los subcontratistas a emplear mano de obra afiliada al gremio, lo cual habría encarecido los proyectos de reconstrucción de la red eléctrica y limitado la participación de empresas locales.
González argumentó que la continuidad del denominado “Project Labor Agreement” (PLA) de LUMA contraviene la Orden Ejecutiva 2025-015, firmada en marzo, que busca impedir tales cláusulas en contrataciones gubernamentales. En cumplimiento con esa directriz, el zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Josué Colón, notificó en marzo y abril a la empresa para que acatara el decreto.
“El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, nos informó que LUMA está incumpliendo con la orden ejecutiva. La subcontratación de Quanta es uno de esos ejemplos. Estamos examinando alternativas legales, ya sea impugnar o invalidar contratos, elevar el asunto a la Junta o incluso demandar. Vamos a hacer valer esa orden ejecutiva, porque esos acuerdos aumentan los costos y afectan a compañías locales”, sostuvo González.
En la actividad en La Fortaleza, la gobernadora no aclaró si se refería específicamente a los dos contratos de $600 millones que la JSF aprobó la semana anterior con Quanta Services Solutions PR (QSS), empresa afiliada a LUMA, para trabajos de reconstrucción eléctrica. Dichas licitaciones fueron gestionadas por la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, por sus siglas en inglés), dependiente de la AAPP.
En mayo, esa oficina pidió a los proponentes someter dos presupuestos: uno con los costos del PLA y otro sin incluirlos, para comparar el impacto económico y determinar cumplimiento con la orden ejecutiva. “Es una manera de ellos mismos quedarse con el negocio”, denunció González. “Por eso firmamos esa orden, para permitir que empresas locales más económicas puedan ofrecer el servicio”.
La mandataria reiteró que el incumplimiento de LUMA con la orden ejecutiva se suma a los “múltiples vicios de ilegalidad” que, según dijo, ha cometido la empresa como administradora del sistema eléctrico. Además, anunció la firma de una resolución conjunta para activar el Fondo Rotatorio Estatal y adelantar fondos a proyectos de reconstrucción ante las demoras en la entrega de recursos comprometidos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Al cierre de la publicación, LUMA no había emitido reacción. Adriana Díaz Tirado colaboró en esta historia.
