La gobernadora Jenniffer González anunció que esperará el informe solicitado al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para decidir si tomará alguna acción con respecto a la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, tras las denuncias sobre irregularidades en un negocio familiar de inspección de vehículos.
González subrayó que no pretende especular sobre “imputaciones o alegaciones” y destacó que el informe solicitado al secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, estará listo a inicios de la próxima semana. Según la mandataria, los resultados serán evaluados y enviados al Departamento de Justicia, donde ya existe una querella juramentada.
El jueves, los representantes del Partido Popular Democrático, Swanny Vargas Laureano y Ramón Torres Cruz, presentaron un referido con una declaración jurada de un supuesto delator que detalló presuntas irregularidades en el centro Yabucoa Auto Service LLC, vinculado a Pérez Peña. El programa “Los Datos son los Datos”, de WAPA TV, reportó que el centro habría expedido 1,200 marbetes fraudulentos.
Pérez Peña ha reconocido que el negocio pertenece a su familia, pero negó haber cometido alguna falta o haber intervenido de forma indebida para favorecer la operación. Asimismo, rechazó cualquier alegación de gestión impropia o de presión sobre funcionarios.
Al ser cuestionada, González no confirmó si aún mantiene la confianza en la secretaria, aunque aclaró que ha sostenido reuniones de trabajo con ella. “La secretaria me ha dado sus explicaciones. He pedido al DTOP información relacionada con esto para poder tomar decisiones y hacer las evaluaciones correspondientes”, expresó.
Durante su comparecencia en una actividad de la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico, la gobernadora también respaldó la cancelación del contrato entre el DTOP y la empresa Worldwide Environmental Products (WEP), encargada de proveer tecnología para los centros de inspección de vehículos. La empresa demandó al gobierno reclamando $18 millones en daños y alegando que el sistema vigente favorece fraudes e incumplimientos ambientales.
González defendió la cancelación indicando que el contrato generaría costos adicionales a los dueños de automóviles más antiguos. “Ese contrato significaba que iban a tener que pagar decenas y cientos de dólares más por una inspección. Esa no es la política pública”, dijo.
Según WEP, la adjudicación del contrato se realizó bajo la gobernación de Pedro Pierluisi a finales de 2024, pero en febrero de 2025, ya con González en el cargo, se firmó un acuerdo de entendimiento para iniciar la transición tecnológica. En mayo, el DTOP canceló el contrato invocando una cláusula que permite terminarlo de manera unilateral. WEP reemplazaría a Cartek Caribe, proveedor del sistema desde 1997.
