La gobernadora Jenniffer González defendió la recién aprobada Ley 82-2026, que limita las impugnaciones a permisos de construcción. Sostuvo que la medida no va “en detrimento de la gente”, sino que establece claridad en los procesos y busca evitar alegaciones hipotéticas.
Según el estatuto, toda solicitud para paralizar un permiso deberá ir acompañada de una fianza cuyo valor no sea menor al 10% del costo total del proyecto. González explicó que este requisito ya existía en el procedimiento civil, pero quedaba a discreción judicial. “Lo que hace esta ley es delimitar el monto. Un juez podía fijarlo en 15%, 20% o 30%”, detalló.
La Fortaleza informó que la legislación también limita impugnaciones basadas en alegados incumplimientos legales o reglamentarios si no existe un daño particular para quien demanda. Se aclara además que errores procesales menores que no causen un daño inminente no podrán servir de base para revocar permisos o decisiones finales. El daño inminente, añade el documento, deberá vincularse de manera razonable a la parte demandada.
“Antes tú tenías gente que vivía en Camuy impugnando un proyecto en Patillas, sin que tuviera daño aparente o interés propietario. Ahora, esta ley establece que no proceden las alegaciones hipotéticas”, comentó la gobernadora. Añadió que la medida busca definir y clarificar procesos, evitando así un exceso de casos judiciales. “Yo no creo que esto sea en detrimento de la gente. Todo lo contrario”, afirmó.
Sin embargo, organizaciones ambientales como El Puente Puerto Rico y Sierra Club Puerto Rico denunciaron que la nueva ley restringe la capacidad de cualquier ciudadano para defender los recursos naturales ante los tribunales o agencias administrativas.
La Ley 82-2026 deriva del Proyecto de la Cámara 310, presentado por los representantes Jorge “Georgie” Navarro y Luis “Joseán” Jiménez.
