La gobernadora Jenniffer González agradeció a la Fiscalía federal por aclarar que no existe ninguna investigación contra ella, tras ser mencionada en una orden judicial vinculada a un caso del FBI en Lajas. Durante una conferencia en La Fortaleza, González denunció que algunas figuras políticas aprovecharon el error para intentar dañar su imagen.
“Estoy acostumbrada a que me difamen. He sido víctima de eso desde la pasada campaña electoral. Me alegra que la Fiscalía aclarara y que el juez presidente del Tribunal Federal, Raúl Arias Marxuach, confirmara que no hay investigación alguna en mi contra, porque hay gente que disfruta manchar y destruir reputaciones”, expresó.
El origen de la controversia fue una orden emitida el 23 de octubre por el magistrado federal Marshall D. Morgan en un caso de armas, que erróneamente mencionaba una supuesta pesquisa de “cuello blanco” relacionada con la gobernadora y una propiedad familiar en La Parguera. Sin embargo, la Fiscalía federal corrigió el documento mediante una “moción informativa”, firmada por el fiscal Seth Erbe, que dejó claro que “no existe ninguna investigación de delitos económicos ni de ningún otro tipo contra la gobernadora de Puerto Rico”.
González también reprochó al senador independiente Eliezer Molina, a quien aludió por difundir rumores de un posible arresto. “Esto le quedó claro al pueblo: por voz de un fiscal federal y del juez presidente, no hay ninguna investigación en mi contra. Creo que ya basta”, agregó.
El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, respaldó a González y sostuvo que ni ella ni su familia son objeto de investigación alguna. Añadió que el juez Morgan “se extralimitó” y que la corrección fue iniciativa de la propia Fiscalía.
En paralelo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales mantiene una investigación sobre las casetas en la Reserva Natural de La Parguera, incluida la propiedad de los suegros de la gobernadora, por presuntas construcciones ilegales y daños ambientales.
El caso original que desató la confusión está relacionado con Daniel García Martín, de 67 años, a quien las autoridades ocuparon armas de fuego y $104,000 en efectivo durante un allanamiento en Lajas.
Con la aclaración oficial, la gobernadora busca cerrar el capítulo que, según dijo, fue aprovechado para intentar socavar su credibilidad política.
