Ponce – El jefe de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Juan Rosario Hernández, afirmó este jueves que, pese a las disposiciones incluidas en los nuevos reglamentos propuestos por el Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés), “todo va a permanecer como está” para los participantes de los programas de vivienda subsidiada en Puerto Rico.
El funcionario explicó que las reglas que HUD propone “ya existen”, pues desde su creación la vivienda subsidiada se concibió como “un lugar de transición”. “Esas reglas están desde la creación de la Administración de Vivienda Pública. Que haya sido política pública de las pasadas administraciones y de esta administración hacerle caso omiso a esas políticas, que no son impuestas… son políticas que nos dan la potestad, a la Administración, para nosotros acogerlas o no acogerlas”, dijo Rosario Hernández. A la vez, exhortó a los residentes de vivienda pública a “no sentirse alarmados ni con incertidumbre”.
Agregó que, por ahora, los nuevos reglamentos del HUD no son de carácter obligatorio. “No sabemos cómo se aprueben, pero de momento no son reglamentaciones obligatorias, son reglamentaciones que van a ser discrecionales”, señaló.
“El mandato que tenemos de nuestra señora gobernadora, Jenniffer González, es que todo va a permanecer como está”, subrayó el administrador.
Las propuestas del HUD incluyen un requisito de trabajo de 40 horas semanales para ser elegible a los programas de vivienda pública y subsidios, así como la posibilidad de que los administradores establezcan un límite de ocupación no menor a dos años. También contemplan eliminar la asistencia prorrateada a familias con miembros de estatus migratorio irregular y reducir el aviso de desahucio por falta de pago de 30 a cinco días, medida que estaba vigente antes de la pandemia de COVID-19.
Rosario Hernández destacó que, aunque las personas con capacidad para trabajar deben hacerlo, el sistema busca atender a quienes realmente necesitan el apoyo. “Esa unidad la está viviendo una familia que, probablemente, tiene la capacidad para trabajar, está siendo idónea para 22,000 personas que tengo en lista de espera y sí necesitan ayuda”, afirmó.
Las expresiones del jefe de la AVP se dieron durante la tercera vista pública sobre el plan anual de Vivienda Pública, requisito de reglamentación federal. En la reunión, líderes de residenciales públicos de la zona sur presentaron las necesidades de sus comunidades, con miras a incorporarlas en el plan para el año fiscal 2026-2027.
Entre los reclamos discutidos figuraron mejoras en pintura, ventanas, luminarias, rejas, gabinetes de cocina, puertas de clóset y techos, además de servicios educativos en bibliotecas y áreas recreativas para la niñez.
