La Oficina del Inspector General (OIG) identificó deficiencias en los controles internos de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza (OEPA), adscrita al Departamento de Educación, que afectaron la supervisión de unos $35.7 millones destinados a 13 Escuelas Públicas Alianza (EPA).
Según la OIG, estas deficiencias limitaron la capacidad de la OEPA para fiscalizar el uso de los fondos y confirmar la presentación de los informes financieros requeridos. El análisis cubrió el periodo del 1 de julio de 2022 al 13 de noviembre de 2025.
Del total de $80.6 millones presupuestados para las escuelas evaluadas, la OIG reportó que un 44% —equivalente a $35.7 millones— no había sido desembolsado. La agencia atribuyó la situación a limitaciones en la vigilancia fiscal y demoras en los procesos administrativos de las entidades operadoras.
El informe también señaló que cerca de $44.9 millones se encontraban pendientes de validación documental, debido a la falta de evidencia en los expedientes que respaldara los gastos, tal como exige la reglamentación vigente y los acuerdos entre Educación y las Entidades Educativas Certificadas (EEC).
Asimismo, se detectaron incumplimientos en la entrega de estados financieros auditados: de 11 escuelas que debían someterlos, 10 no lo habían hecho en el plazo de 90 días tras concluir el año escolar. En seis de las nueve que sí los entregaron, los retrasos oscilaron entre 76 y 517 días.
En cuanto a los informes trimestrales, la OIG encontró que 69 de 87 requeridos no aparecían en los archivos de la OEPA ni en el Sistema de Información Financiera del Departamento de Educación (SIFDE). Tampoco se localizaron 32 presupuestos anuales correspondientes a los años fiscales 2022-2023 al 2024-2025.
La agencia advirtió que la falta de presupuestos obstaculiza la evaluación de las necesidades fiscales de las escuelas, la planificación y la distribución equitativa de recursos. Además, entre el 82% y el 90% de las EPA no contaban con evidencia de pólizas de errores y omisiones, y entre el 40% y el 50% carecían de seguros de propiedad, según el año fiscal.
No obstante, la OIG destacó que la gerencia del Departamento de Educación comenzó a implementar medidas correctivas. La oficina indicó que dará seguimiento a las recomendaciones mediante un Plan de Acción Correctiva y referirá el informe al Inspector General Federal del Departamento de Educación para la evaluación correspondiente.
