Inmigrantes denuncian malas condiciones y largas detenciones en centros del ICE

Felipe Hernández Espinosa pasó 45 días en el centro de detención “Alligator Alcatraz” en Florida, donde denunció gusanos en la comida, inodoros dañados y aguas residuales desbordadas. Desde hace cinco meses permanece en otro campamento de detención en Fort Bliss, en El Paso, Texas, donde dos migrantes murieron en enero. Solicitó ser devuelto a Nicaragua, pero le informaron que debía esperar a un juez. Tras casi siete meses detenido, su vista estaba pautada para el 26 de febrero.
La detención prolongada se ha vuelto más común durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, debido a una política que limita la liberación de detenidos mientras avanzan sus casos en tribunales sobrecargados. “Vine a este país pensando que me ayudarían, y llevo seis meses detenido sin haber cometido ningún delito”, dijo Hernández.
Un dictamen del Tribunal Supremo de 2001 estableció que el ICE no puede retener indefinidamente a los inmigrantes, fijando seis meses como un límite razonable. Sin embargo, la agencia reportó más de 70,000 personas bajo custodia a mediados de enero, incluyendo 7,252 detenidos por más de seis meses y 79 por más de dos años. Durante la presidencia de Joe Biden, la cifra era de 2,849.
Aunque la administración Trump ofrece boletos aéreos y 2,600 dólares para quienes acepten salir voluntariamente, a muchos se les impide abandonar los centros hasta ver a un juez. Abogados como Ana Alicia Huerta señalan que cada vez más detenidos firman documentos para salir del país, pero continúan encarcelados. Uno de sus clientes, un ciudadano chino, lleva más de un año detenido sin audiencia.
Sui Cheng, directora ejecutiva de Americans for Immigrant Justice, advirtió que las condiciones empujan a muchos a renunciar a sus casos. El proceso también depende del país de origen: México suele aceptar deportaciones rápidamente, pero Cuba, Nicaragua, Colombia y Venezuela no siempre lo hacen.
Abogados reportan casos de personas protegidas por la Convención de la ONU contra la Tortura que llevan meses o años detenidas, pese a no poder ser deportadas. Sarah Houston, del Immigrant Defenders Law Center, señaló que incluso quienes ganan sus casos “languidecen en la cárcel”. Uno de sus clientes salvadoreños sigue detenido tres años después.
Hernández afirma haber pedido su deportación al menos cinco veces. Su audiencia de octubre fue cancelada sin explicación y desde entonces espera una nueva fecha. También denuncia que requiere una dieta sin gluten que no recibe desde noviembre. Él y su esposa cruzaron la frontera en 2022 y solicitaron asilo tras recibir amenazas por participar en marchas contra Daniel Ortega y Rosario Murillo. Si es devuelto, planean ir a Panamá o España debido al temor por sus vidas.
Otros relatos muestran un patrón similar. El dominicano Yashael Almonte Mejía lleva ocho meses detenido y ha sido trasladado entre varios estados. Se casó por videollamada, se convirtió en padre sin ver a su hija y no pudo despedir a su hermana fallecida.
Un mexicano detenido desde 2024 permaneció un año encarcelado pese a obtener protección bajo la Convención contra la Tortura. Fue liberado solo después de que un tribunal federal concluyera que su detención era ilegal.
La desesperación llevó a Hernández a pedir su devolución al país del que huyó, mientras su caso continúa pendiente.