Miami — Un informe de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) reveló que las autoridades de Estados Unidos han ejecutado al menos a 21 personas “probablemente inocentes” desde 1973, cuando comenzó la era moderna de la pena de muerte. La mayoría de esos casos corresponden a afroamericanos y latinos.
De acuerdo con el documento titulado “Fatal flaws: Innocence, race and wrongful convictions” (Errores fatales: inocencia, raza y condenas erróneas), más de la mitad de los ejecutados erróneamente, 11 en total, pertenecían a minorías raciales y étnicas. En 16 casos, el 76% del total, las víctimas de los crímenes eran blancas. El informe señala además que “podría haber otros” casos similares aún no identificados.
Entre los ejemplos citados figura Carlos DeLuna, un latino ejecutado en Texas en 1989 tras una identificación equivocada. Fue condenado por el asesinato de un empleado de gasolinera en Corpus Christi, aunque el verdadero responsable era un hombre llamado Carlos Hernández. Otro caso es el de Leo Jones, un afroamericano ejecutado en 1998 en Florida por el asesinato de un policía blanco, tras una “confesión coaccionada” y un juicio con un jurado compuesto solo por personas blancas.
El estudio también documenta que al menos 200 personas condenadas a muerte fueron exoneradas tras demostrarse su inocencia. De estas, más de la mitad, 108, eran afroamericanas. Según el informe, los afroamericanos tienen siete veces más posibilidades de recibir una condena errónea de pena de muerte.
Uno de los casos más notorios es el de Glynn Simmons, quien pasó 48 años en prisión —el periodo más largo de cualquier persona condenada erróneamente a muerte— antes de ser liberado en 2023, tras ser exonerado por el asesinato de Carolyn Sue Rogers en Oklahoma.
El principal factor detrás de las exoneraciones es la aparición de falsos testimonios: el 93.8% en el caso de los latinos y el 70.7% en el de los afroamericanos, según el informe. También se identifican como causales la mala conducta de fiscales y policías, identificaciones erróneas por parte de testigos, peritajes poco confiables y jurados sin diversidad racial.
“Cada condena equivocada no solo revela un fracaso individual, sino los patrones de una injusticia sistemática engranada en la pena de muerte. La pena de muerte se construyó sobre la base del racismo”, sostuvo Megan Byrne, abogada sénior del Proyecto de Pena Capital de la ACLU.
El reporte se publica mientras Estados Unidos acumula 43 ejecuciones en 2025, un aumento de 72% en comparación con el año anterior. Florida lidera las estadísticas con 16 ejecuciones, más de una tercera parte del total nacional, y rompió su récord anual en julio con nueve ejecuciones en un solo mes.
