Los sectores industriales y de la construcción se unieron este sábado a la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) para rechazar el lenguaje del proyecto de reforma contributiva que propone financiar rebajas contributivas mediante la aplicación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a los equipos de energía solar, exentos históricamente del impuesto.
Durante un encuentro con la prensa, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Eddie Charbonier, afirmó que el cuerpo legislativo “no dará paso a nada que parezca un nuevo impuesto”. Indicó que espera presentar el informe del proyecto el 1 de febrero, tras cuatro vistas públicas programadas esta semana, aunque aclaró que ello depende de que el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) entreguen la información solicitada.
En la vista, SESA, junto a la Asociación de Industriales y la Asociación de Constructores, advirtió que los paneles solares, baterías de almacenamiento y vehículos eléctricos enfrentarían un aumento de costos si se aprueba el nuevo gravamen, agravado por la próxima expiración de incentivos contributivos federales. Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de SESA, explicó que un canon de arrendamiento solar de $200 mensuales pagaría $23 adicionales al mes, equivalente a $276 anuales si se aplica el IVU de 11.5% desde julio de 2026.
Los contables Rafael Del Valle y Denisse Flores Caldera coincidieron en rechazar la medida, que según Charbonier podría generar entre $18 millones y $90 millones al año. Rúa Jovet indicó que entre el 70% y 74% de los clientes de placas solares financian sus sistemas a través de las compañías instaladoras, mientras que la mayoría restante lo hace por medio de la banca.
Flores Caldera recordó que las exenciones a la industria solar fueron otorgadas para promover la sostenibilidad y la diversidad energética, y que eliminar ese beneficio sería contradictorio con esa política pública. Del Valle añadió que aplicar el IVU a productos solares encarecería la construcción de viviendas y sostuvo que el Proyecto de la Cámara 1014 no constituye una verdadera reforma contributiva.
Aunque los sectores empresariales respaldaron la intención de reducir tasas a la clase media, no ofrecieron alternativas específicas para recuperar los $550 millones que dejarían de ingresar al erario. Flores Caldera y el ingeniero Fernando Sumaza también se opusieron a eliminar la deducción de 5% para contribuyentes que generan más de $100,000 al año, al señalar que ese grupo de alrededor de 3,000 personas ya aporta el 25% de los ingresos del Estado.
Charbonier informó que envió una comunicación al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, y al director de OGP, Orlando Rivera Berríos, por incumplir con el plazo para entregar los informes requeridos. Además, detalló que la comisión cameral continuará las vistas del 26 al 30 de enero, con el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y Pantoja nuevamente convocados. “La información que les pedimos a los secretarios es fundamental porque identificará las partidas que hacen falta”, expresó Charbonier, quien insistió en que las eficiencias gubernamentales deben ser parte de la solución.
