En Socorro, Texas, un poblado de 40,000 habitantes junto al río Bravo, las autoridades quedaron sorprendidas al descubrir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había adquirido tres enormes almacenes por $122.8 millones. La compra, realizada sin notificar al gobierno local, busca convertir los edificios de más de 76,000 metros cuadrados en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“’Nadie del gobierno federal se molestó en levantar el teléfono o enviarnos algún tipo de correspondencia para avisarnos de lo que está a punto de ocurrir’,” reclamó el alcalde Rudy Cruz Jr., quien denunció la falta de transparencia del proceso. El negocio forma parte de una expansión de $45,000 millones de ICE para ampliar su red de centros de detención en al menos 20 comunidades de Estados Unidos.
El DHS ha defendido las adquisiciones, argumentando que se trata de “instalaciones de detención muy bien estructuradas”. Sin embargo, las compras se han realizado en medio de confusión y error. ICE incluso admitió equivocaciones recientes al anunciar ventas en Nueva York y Nueva Jersey, y en varios lugares los alcaldes se enteraron de las compras solo después de concretadas.
Un documento divulgado por la oficina del gobernador de Nueva Hampshire confirmó que ICE planea gastar $38,300 millones para aumentar la capacidad de detención a 92,000 camas. Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, la agencia ha incrementado su número de detenidos de 40,000 a 75,000 personas, distribuidas en más de 225 sitios.
El proyecto, financiado con el paquete de recortes contributivos aprobado por el Congreso, utilizará contratos militares que permiten actuar con discreción y sin seguir los procesos civiles habituales, explicó Charles Tiefer, profesor emérito de la Universidad de Baltimore.
Socorro no es el único caso. En Pensilvania, el comisionado del condado Berks, Christian Leinbach, denunció que ICE compró sin aviso previo un “centro logístico de última generación” por $87.4 millones, lo que podría causar una pérdida fiscal superior a $800,000. En Georgia, la ciudad de Social Circle —de apenas 5,000 habitantes— supo por un reportero que se planea allí una instalación para 7,500 a 10,000 personas tras una compra de $128.6 millones. Las autoridades locales advirtieron que el sistema de agua no puede sostener tal demanda.
El secretismo ha provocado crecientes tensiones. En Arizona, la ciudad de Surprise envió una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por la compra de un almacén cerca de una escuela secundaria, mientras la fiscal estatal, Kris Mayes, evalúa acciones legales.
En Socorro, decenas de vecinos se reunieron frente al Concejo Municipal para oponerse. Entre murales que recuerdan el Programa Bracero de la Segunda Guerra Mundial, los residentes advirtieron sobre las consecuencias sociales y ambientales del plan. El abogado Eduardo Castillo instó a los funcionarios locales a resistir: “’Si al menos no lo intentan, terminarán con otra instalación de detención inhumana bajo su vigilancia’”.
