El designado secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, argumentó ante el Senado que eliminar los cargos de los promotores (“promoter fee”), como había ordenado su antecesora Valerie Rodríguez Erazo, provocaría un aumento en los precios de los boletos para eventos artísticos.
Torres Montalvo explicó que la orden administrativa, cuya entrada en vigor estaba pautada para el 1 de enero y fue detenida por él, no eliminaba realmente el cargo, sino que lo “escondía”. Dijo además que su decisión de posponerla hasta el 1 de julio busca otorgar tiempo para realizar un análisis económico sobre el impacto al consumidor. “Lo correcto y más prudente para proteger al consumidor era ponerla en pausa, no eliminarla ni cancelarla”, expresó.
Durante la vista de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, el nominado sostuvo que no dialogó con Rodríguez Erazo durante la transición y negó tener una agenda para revertir sus medidas. También informó que en un ejercicio propio determinó que, bajo la orden de Rodríguez Erazo, el precio de un boleto de $195.13, con un “promoter fee” de $15.06, podría subir a $270.
Al ser cuestionado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sobre la legalidad de ese cargo según la “Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra” (Ley 209-2016), Torres Montalvo respondió que la ley exige que los cargos se muestren y sean justificables. “Si se le da esa transparencia al consumidor, el consumidor toma una decisión informada”, sostuvo.
La vista pública también incluyó la evaluación de otros nombramientos, como el de Irving Yoel Rodríguez Torres al Departamento de Agricultura y el de Poincaré Díaz Peña al Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS).
Torres Montalvo, quien ya había sido nominado al DACO en 2023 por Pedro Pierluisi, retomó la dirección de la agencia tras la destitución de Rodríguez Erazo por la gobernadora Jenniffer González. Durante su presentación, destacó que el personal del DACO se ha reducido drásticamente, de 500 empleados en el año 2000 a 136 actualmente. “Hemos logrado agilizar la radicación de querellas, pero se ha vuelto más difícil poderlas resolver y procesar de forma ágil”, dijo.
En cuanto al PRITS, Díaz Peña afirmó que la agencia “debe permanecer como opera actualmente” y se manifestó en contra de una iniciativa legislativa para crear una junta que evalúe sus contratos, pues considera que añadiría burocracia. Añadió que su función es implementar la política pública establecida por la gobernadora y la Asamblea Legislativa. El funcionario informó que PRITS cuenta hoy con 47 empleados, de los cuales 55% de los puestos están vacantes.
Por su parte, Rodríguez Torres detalló sus prioridades para el Departamento de Agricultura, entre ellas apoyar el desarrollo de los productores locales, impulsar proyectos de energía renovable y promover el consumo de productos puertorriqueños. Recordó que cerca del 85% de los alimentos consumidos en la isla son importados y subrayó la necesidad de ampliar la producción y mejorar el acceso a alimentos locales. También mencionó la falta de mano de obra, los altos costos energéticos y la necesidad de coordinación entre agencias como parte de los retos de la seguridad alimentaria.
