A solo 37 días de alcanzarse un acuerdo en el caso federal contra su padre en Puerto Rico, Isabela Herrera, hija del convicto banquero venezolano Julio Herrera Velutini, donó un millón de dólares al comité político MAGA Inc., fundado por aliados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Según documentos de la Comisión de Elecciones Federales (FEC), la donación de Herrera fue recibida el 22 de julio de 2025, casi siete meses después de haber realizado una primera contribución de $2.5 millones el 31 de diciembre de 2024 al mismo comité.
El diario The New York Times publicó un análisis en enero de 2026 en el que detalla los vínculos entre estos donativos y decisiones oficiales tomadas durante la administración de Trump. El medio subraya que la aportación de Isabela Herrera coincidió con un acuerdo de culpabilidad por delito menor que favoreció a su padre, autorizado por un alto funcionario del Departamento de Justicia designado por el presidente, pese a la oposición de fiscales de carrera que pedían sanciones mayores.
El Departamento de Justicia negó cualquier relación entre las decisiones procesales y las donaciones políticas. No obstante, la investigación del Times reportó que el comité MAGA Inc. recaudó más de $100 millones durante la segunda mitad de 2025, la mayoría procedente de individuos y corporaciones con intereses ante el gobierno.
El caso de Herrera Velutini se originó en agosto de 2022, cuando fue acusado junto a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el exagente federal Mark Rossini por un presunto esquema de soborno vinculado a la campaña electoral de 2020 en Puerto Rico. Los cargos incluían conspiración, soborno y fraude electrónico, aunque el banquero enfrentaba además acusaciones adicionales.
Julio Herrera Velutini contrató a Christopher Kise, abogado del presidente Trump, para manejar su defensa. Luego de negociaciones con funcionarios del Departamento de Justicia, los acusados firmaron un acuerdo que sustituyó los cargos originales por un solo delito menor bajo la Ley Federal de Campañas Electorales, vinculado a presuntas aportaciones extranjeras a campañas políticas en Estados Unidos.
La jueza federal Silvia Carreño Coll aceptó los acuerdos de culpabilidad en agosto de 2025 y pautó las vistas de sentencia para 2026. En su orden, advirtió que las penas por la nueva acusación son considerablemente más leves que las que enfrentaban bajo el pliego original, aunque reconoció que el gobierno tiene derecho a ejercer su discreción procesal.
Por su parte, la defensa de Wanda Vázquez sostuvo que el acuerdo no fue producto de presiones políticas, sino de nueva evidencia exculpatoria.
El pliego acusatorio alegaba que Vázquez Garced reemplazó al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner, por una persona favorecida por Herrera Velutini, a cambio de contribuciones políticas y asesoría, tras investigaciones regulatorias a Bancrédito International Bank & Trust Corporation.
