Organizaciones contrarias al aborto en Estados Unidos expresan creciente frustración ante lo que perciben como falta de acción de la administración del presidente Donald Trump para frenar la disponibilidad en línea de la píldora abortiva mifepristona, utilizada comúnmente mediante recetas de telesalud.
Un juez federal en Luisiana destacó esta semana que el estado tiene un caso sólido en su demanda contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), aunque rechazó bloquear temporalmente las prescripciones virtuales mientras se resuelve el litigio. Los grupos buscan que la agencia aumente las restricciones al medicamento, incluyendo la prohibición de recetarlo por telemedicina.
La demanda, liderada por la fiscal general Liz Murrill, argumenta que la amplia accesibilidad de las píldoras socava las prohibiciones en 13 estados que limitan el aborto casi por completo. Murrill y sus aliados sostienen que los envíos por correo y las leyes protectoras en algunos estados demócratas están desafiando la autoridad estatal. El juez ordenó a la FDA informar en seis meses sobre el progreso de su revisión del medicamento, mientras Murrill apeló para buscar una respuesta más rápida.
Líderes conservadores como Tony Perkins, del Family Research Council, respaldaron la acción judicial y advirtieron que la falta de avances podría desanimar al electorado antiaborto antes de las elecciones de medio término. Otros, como Marjorie Dannenfelser de SBA Pro-Life America y Madison LaClare de National Right to Life, se mostraron más cautos, aunque confiados en que la administración actuará.
La FDA indicó que está revisando la seguridad de la mifepristona mediante estudios validados y revisiones por pares. Se espera que los resultados determinen si se modifican las normas de prescripción. La agencia reconoció que este tipo de análisis suelen tomar más de un año, pero aseguró que busca acelerar el proceso.
La mifepristona, aprobada en 2000 como método seguro para interrumpir embarazos tempranos, fue objeto de una revisión médica en 2025 por instrucción del presidente. La preocupación de los activistas se intensificó después de que la FDA autorizara una versión genérica del medicamento el pasado otoño. Este fármaco suele combinarse con misoprostol para inducir abortos y, aunque inicialmente su distribución estaba muy limitada, las regulaciones se han flexibilizado en años recientes, lo que, según los grupos antiaborto, ha dificultado la aplicación efectiva de las prohibiciones estatales.
