Organizaciones ambientales repudiaron este miércoles la decisión de la gobernadora Jenniffer González de convertir en ley el proyecto que limita las impugnaciones de permisos, al considerar que restringe el derecho ciudadano a defender los recursos naturales en los tribunales.
La Ley 82-2026, derivada del Proyecto de la Cámara 310, establece nuevos criterios de legitimación en controversias sobre permisos. Define requisitos para que personas o entidades privadas puedan presentar impugnaciones bajo la Ley 161-2009, conocida como Ley para la Reforma del Proceso de Permisos.
De acuerdo con La Fortaleza, el nuevo estatuto limitará las impugnaciones fundamentadas únicamente en alegados incumplimientos de ley o reglamento si no hay un daño particular al promovente. También aclara que errores u omisiones procesales subsanables, sin daño inminente, no podrán usarse para solicitar la revocación de permisos o determinaciones finales. El daño inminente, precisa el texto, deberá relacionarse directamente con la conducta de la parte demandada.
Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente Puerto Rico, advirtió que la ley impondrá el pago de una fianza, “nunca menor al 10% del valor de cualquier proyecto de construcción”, como requisito para impugnar permisos. “Si un pescador o residente quisiera cuestionar un megaproyecto como Esencia, valorado en $2,000 millones, tendría que desembolsar $200 millones solo para presentar un caso. Eso no es justicia”, señaló en entrevista con El Nuevo Día.
La ley también enmienda disposiciones del Código Municipal para, según La Fortaleza, “flexibilizar ciertos usos” de suelos especialmente protegidos en casos de proyectos estratégicos o de infraestructura crítica. Para Cintrón Moscoso, esas enmiendas desmantelan protecciones ambientales clave. “Esto es un plan concertado para silenciar comunidades y favorecer a los desarrolladores”, denunció, aludiendo a desarrollos de lujo en Cabo Rojo, Aguadilla, Fajardo, Río Grande, Vieques, Dorado, Naguabo y Loíza.
El líder ambiental recordó que la organización mantiene una demanda contra el gobierno para exigir la firma del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, detenido en la Legislatura. “Esta táctica es un anticipo de lo que le espera a cualquier comunidad que quiera defenderse. La gobernadora no gobierna para el pueblo, gobierna para los intereses económicos”, sentenció.
Hernaliz Vázquez, directora de Sierra Club Puerto Rico, sostuvo que la ley representa “un cambio profundo y peligroso en la política pública ambiental”, pues debilita los mecanismos de fiscalización y limita la capacidad de las comunidades para cuestionar proyectos. “Sustituye décadas de planificación basada en ciencia y participación pública por el concepto ambiguo de ‘proyectos estratégicos’, definido discrecionalmente por el Ejecutivo. Eso no es planificación responsable, es discreción política disfrazada”, afirmó.
El PC 310 fue presentado por los representantes Jorge “Georgie” Navarro y Luis “Joseán” Jiménez. Los presidentes de la Asociación y la Federación de Alcaldes, Jorge González y Gabriel Hernández, no estuvieron disponibles para reaccionar.
Por su parte, La Fortaleza defendió que la Ley 82-2026 “brinda certeza al momento de desarrollar proyectos de construcción de gran escala, lo que redundará en el desarrollo económico sostenido de Puerto Rico”.
