El gobierno rechazó este jueves que las demandas presentadas contra LUMA Energy —para anular su contrato como operador del sistema de transmisión y distribución eléctrica— afecten el proceso de bancarrota de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que continúa en el Tribunal Federal bajo el Título III de la ley Promesa.
“El Título III necesita de un sistema energético robusto y confiable que pueda facturar, porque, eventualmente, cuando se reestructure esa deuda, hay que pagarla. Cuando LUMA tiene más de 70,000 contadores que no lee, no factura y no cobra, ellos, irrespectivo del pleito, afectan el Título III con su negligencia y su mal servicio”, expresó el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, durante la sesión “En Récord” en La Fortaleza.
Domenech insistió en que las acciones legales del gobierno no interfieren con el proceso de Título III y que, por el contrario, es LUMA quien lo pone en riesgo al no facturar ni cobrar correctamente. Afirmó, además, que el alegato de falta de liquidez por parte de la empresa es “autoinfligido”, ya que no cumple con los parámetros de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para obtener los reembolsos federales y, según él, “no saben facturar ni cobrar”.
El primer pleito del gobierno contra LUMA, en el que se solicita la nulidad de la extensión contractual firmada en 2022, fue radicado el 11 de diciembre. Días después, el 16 de diciembre, la gobernadora Jenniffer González presentó una segunda demanda a título personal. Ambas acciones fueron trasladadas por LUMA al Tribunal Federal, amparándose en la sección 306 de la ley Promesa, que otorga jurisdicción exclusiva al tribunal especial que maneja la quiebra de las entidades públicas.
“El pleito es sobre la nulidad del contrato de ellos. No es sobre ingresos, fondos federales ni asuntos relacionados con la deuda a los bonistas. Nosotros estamos prestos y listos para cualquier acción de LUMA”, advirtió Domenech.
El funcionario negó que las demandas hayan provocado fallos en el servicio eléctrico, pero alertó que, si LUMA atribuye apagones o relevos de carga a fallas en la generación —administrada por Genera PR—, el gobierno lo considerará como “sabotaje”. Recordó que, según él, el gobierno de Jenniffer González Colón, junto al “zar de Energía” Josué Colón y la AEE, han aumentado la generación en más de 1,200 megavatios. “Si hay apagones o relevos de carga por falta de generación, los interpretaremos como actos de sabotaje bajo el ‘Patriot Act’, como terrorismo”, advirtió.
Domenech se mostró conforme con el calendario establecido por la jueza federal Laura Taylor Swain, quien preside la reestructuración de la AEE, y destacó que las partes tienen hasta el 22 de diciembre para responder ante el tribunal. Aunque reconoció intentos de diálogo por parte de LUMA tras la radicación de las demandas, sostuvo que no hay intención de revertir la decisión de cancelar el contrato. “Ellos no quisieron resolver ni dar el servicio. Le han mentido al pueblo de Puerto Rico. Con un operador así, no se puede seguir trabajando”, concluyó.
