A menos de un mes de que el gobierno presente ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) su borrador de presupuesto para el próximo año fiscal, sigue en debate un tema clave: si el alivio contributivo que impulsa la administración de Jenniffer González se convertirá en un incentivo anual o en una parte integral de la reforma tributaria que busca legislarse.
“El objetivo es reducirle la carga contributiva a la gente y, si eso implica establecer un proceso similar al que se implementó este año, se considerará. La política pública de la gobernadora es reducir esa carga sin importar el mecanismo”, afirmó el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja.
Pantoja explicó que existe la posibilidad de optar por un cheque de alivio contributivo cada año con el respaldo de la JSF, en lugar de una reforma completa. Según dijo, el organismo fiscal ha mostrado apertura a evaluar la implementación de este tipo de programa de forma recurrente dependiendo de la situación económica de la isla.
A comienzos de febrero, la gobernadora firmó la Resolución Conjunta 6-2026, que destina $540 millones para un incentivo único de reembolso a los contribuyentes. Sin embargo, la medida aún no cuenta con el aval de la JSF, a pesar de las múltiples reuniones entre ambas partes para discutir su alcance.
El viernes, la JSF envió una carta al Ejecutivo y a los líderes legislativos con el calendario para la elaboración, presentación y certificación del presupuesto del año fiscal 2027, que entrará en vigor el 1 de julio. El nuevo plan de gastos del Ejecutivo deberá presentarse al ente fiscal antes del 6 de marzo.
“Se discutirá si el mecanismo será anual o permanente, junto con la Asamblea Legislativa”, anticipó Pantoja en la sesión de Asunto Semanal, celebrada en La Fortaleza.
La carta de la JSF también enfatiza que el presupuesto debe cumplir con las metas de ingresos y ajustarse a los objetivos de nómina y gastos operativos de las agencias gubernamentales.
Mientras tanto, la Legislatura continuará evaluando el proyecto de reforma contributiva sometido por González, que busca reducir las tasas impositivas para contribuyentes con ingresos entre $25,000 y $90,000, e incluye ajustes por inflación a las exenciones individuales, por dependientes y para pensionados.
El análisis del proyecto se ha retrasado, entre otros factores, por la propuesta de eliminar las exenciones contributivas a los equipos de placas solares y a los autos híbridos o eléctricos, ingresos que ayudarían a financiar parte de los $550 millones que costaría la reforma. El Senado solicitó información detallada sobre los estudios y conversaciones del equipo fiscal con la JSF, datos que fueron entregados el lunes pasado.
