El gobierno de Puerto Rico estima que el nuevo contrato para el suministro de gas natural licuado con la empresa New Fortress Energy (NFE) generará un ahorro de 22% en los gastos de combustible de las unidades de generación temporales y de la central Palo Seco, en Toa Baja. Así lo informó el zar de Energía, Josué Colón, quien también es director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.
“Cuando entre en vigor este contrato, la diferencia en costo en el uso del gas natural en las unidades del norte será de 22%, equivalente a un poco más de 50 millones en operación anual”, detalló Colón. El cálculo se basa en una reducción del costo por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu), que bajó de $10.29 a $7.95 para las unidades temporales en un acuerdo con vigencia de siete años. Las unidades San Juan #5 y #6, por su parte, mantendrán su precio de $6.50 por MMBtu según el contrato de 2019.
Durante la sesión “En Récord”, celebrada en La Fortaleza, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, indicó que estos ahorros podrían trasladarse a las facturas de los consumidores dentro de tres meses, una vez la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) apruebe el contrato. “Necesitamos el contrato aprobado para que se empiecen a materializar los ahorros y, eventualmente, pasarlos a los consumidores solicitando una reducción tarifaria al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR)”, expresó.
Consultado sobre la transparencia del proceso, Domenech dijo que la reducción en el costo del combustible ayudaría a mitigar cualquier posible aumento tarifario que resulte de la revisión permanente que realiza el NEPR. Además, explicó que el ahorro podría incluirse tanto en el caso tarifario permanente, que tomará unos seis meses, como en la revisión trimestral de tarifas que lleva a cabo el regulador.
El funcionario añadió que el contrato incluye un segundo beneficio importante: la eliminación de la exclusividad del muelle para el manejo del gas natural.
Domenech también señaló que en las próximas revisiones tarifarias podría considerarse la reciente decisión del Tribunal Supremo que declaró nula la inmunidad otorgada a LUMA Energy ante reclamaciones de consumidores. Ante este fallo, dijo que la administración evalúa dos cláusulas del contrato operativo de LUMA sobre responsabilidad ante reclamaciones y sobre la continuidad de los seguros para cubrir estos gastos.
“Estamos haciendo una evaluación completa para responder si LUMA solicita un aumento tarifario a raíz de esta decisión. Lo que debe quedar claro es que el gobierno de Puerto Rico va a defender al consumidor ante cualquier intento de aumento en la tarifa”, afirmó Domenech. Subrayó, además, que ese fallo no altera la determinación gubernamental de iniciar antes de fin de año el proceso de cancelación del contrato con LUMA Energy.
