El gobierno de Puerto Rico tendrá que justificar ante el Tribunal de Carolina las razones por las cuales mantiene confidencial la opinión legal que llevó a la Policía de Puerto Rico a conservar las escoltas de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.
La jueza Gloria de Jesús Machargo emitió una orden que concede al Ejecutivo un plazo de cinco días para sustentar su reclamo de confidencialidad, bajo pena de conceder el remedio solicitado por el representante Ramón Torres Cruz. Además, el gobierno deberá certificar en 48 horas que entregó información adicional sobre la cantidad de agentes asignados, sus sueldos, horas extras, y el gasto anual de los vehículos utilizados.
Torres Cruz, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, había solicitado esos datos en octubre. Según explicó, la Policía negó su pedido, por lo que acudió a los tribunales. En representación del Estado, el Departamento de Justicia se opuso a la entrega por entender que el informe está protegido bajo el privilegio abogado-cliente y como producto de trabajo legal.
La jueza recordó que el gobierno sostiene que ese documento no es público, pero enfatizó que deberá justificar claramente su confidencialidad. También indicó que Justicia debe confirmar que la información solicitada por el legislador fue efectivamente entregada a la Comisión de Seguridad Pública, ya que Torres Cruz alegó que, hasta hace una semana, aún no la habían recibido.
El caso ocurre luego de que Wanda Vázquez Garced se declarara culpable en el Tribunal Federal en San Juan de violar la Ley federal de Campañas Electorales (FECA) por aceptar una promesa de donativo de campaña de un extranjero, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini. La Fiscalía federal recomendó una sentencia de un año de prisión.
Tras esa admisión de culpa, el superintendente de la Policía, Joseph González, explicó en conferencia de prensa que no podía retirarle las escoltas a Vázquez Garced, pues según el marco jurídico vigente y una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, esos beneficios son considerados derechos adquiridos por los gobernadores. Añadió que la única forma de eliminarlos sería mediante una ley expresa y prospectiva aprobada por la Legislatura.
