El gobierno de Puerto Rico sostuvo que, incluso si el contrato con LUMA Energy fuera anulado, el consorcio tendría la obligación contractual de continuar a cargo del sistema de transmisión y distribución eléctrica de la isla. Según la administración de Jenniffer González, las cláusulas del acuerdo establecen que la compañía debe mantener sus operaciones mientras se define una nueva estructura o proveedor.
De esta manera, el gobierno descartó los señalamientos de posible caos que tanto LUMA como la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) han advertido ante el Tribunal Federal en caso de una terminación del contrato. Las autoridades insistieron en que existen mecanismos legales y administrativos suficientes para asegurar la continuidad del servicio eléctrico sin interrupciones.
El debate sobre el futuro del acuerdo con LUMA Energy ha generado tensiones entre las partes, en medio de señalamientos de deficiencias en el sistema energético y llamados públicos a revisar la relación contractual. No obstante, desde la Fortaleza se recalcó que cualquier cambio deberá realizarse conforme a los términos vigentes y bajo las garantías establecidas por ley.
