El gobierno de Puerto Rico evalúa apelar la determinación judicial que permite el acceso de periodistas sin credencial del Departamento de Estado a las conferencias de prensa en La Fortaleza.
La sentencia, emitida por la jueza Iris Cancio González, responde a una demanda presentada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) luego de que se negara la entrada a dos de sus periodistas a una conferencia en la Mansión Ejecutiva por no poseer el carné estatal.
“El Departamento de Justicia no está conforme con la determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, notificada el 23 de febrero de 2026”, informó la agencia mediante declaraciones escritas. Añadió que se evalúa seguir el trámite apelativo correspondiente, al entender que la decisión “no se ajusta a nuestro actual estado de derecho”.
En su dictamen, la jueza Cancio González sostuvo que la credencial del Departamento de Estado no es un requisito válido para decidir quién puede cubrir las conferencias de prensa de la gobernadora Jenniffer González o de cualquier funcionario en La Fortaleza. Señaló además que negar el acceso “coarta e incide sustancialmente sobre la función periodística” y constituye una violación al derecho de libertad de prensa.
La jueza explicó que el carné estatal fue creado mediante la Ley 22 de Tránsito con fines de identificación vehicular ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas, no para autorizar el ejercicio del periodismo ni el acceso a espacios gubernamentales.
La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Overseas Press Club (OPC), que participaron en el caso como amigos de la corte, celebraron el fallo. “Esta decisión es un triunfo, no solo de los periodistas, sino del pueblo puertorriqueño en su derecho a conocer los asuntos del Ejecutivo”, expresó Nydia Bauzá, presidenta de la Asppro.
Por su parte, la presidenta del OPC, Wilma Maldonado Arrigoitía, destacó que “es una victoria importante para la libertad de prensa en momentos en que ese derecho se ve amenazado desde distintos frentes”.
El periodista del CPI Luis Valetín Ortiz, uno de los demandantes, afirmó que el carné estatal “nunca tuvo el propósito de determinar quién puede ejercer el periodismo” y confió en que la administración de la gobernadora Jenniffer González respete la determinación judicial.
A pesar del fallo, La Fortaleza envió esa misma noche una convocatoria de prensa que volvió a exigir la identificación emitida por el Departamento de Estado, señalando que “los periodistas deberán llevar sus acreditaciones aprobadas por el Comité de Prensa formado por representantes de los medios”.
