La gobernadora Jenniffer González convirtió en ley una resolución conjunta que ordena al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) explorar y desarrollar cursos de arbitraje deportivo para confinados que cualifiquen, con el fin de que puedan desempeñarse como árbitros en distintas disciplinas al salir de prisión.
“Los servicios educativos procuran ampliar las oportunidades de adquirir destrezas, adiestramientos y conocimientos que facilitan al confinado reintegrarse a la comunidad debidamente preparado para asegurar una subsistencia decorosa”, expresó la mandataria en un comunicado de prensa emitido este viernes sobre la medida, firmada el jueves.
La Resolución Conjunta 44-2025, de los representantes Luis Jiménez Torres y Ramón Torres Cruz, instruye al Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas del DCR a evaluar la viabilidad de ofrecer cursos en arbitraje deportivo como alternativa laboral o de autoempleo.
González destacó que esta legislación es cónsona con la recién aprobada Ley 22-2025, que define el marco legal del Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar y devuelve a la Policía de Puerto Rico la facultad para expedirlo. El certificado servirá como complemento del de antecedentes penales y ampliará las oportunidades de empleo de las personas confinadas, promoviendo así su reinserción en la sociedad.
Actualmente, el DCR imparte cursos en áreas como artesanía, mecánica de autos, barbería, cosmetología, costura industrial, sastrería, ebanistería, hojalatería y pintura, repostería, refrigeración, horticultura, soldadura, artes gráficas, computadoras, teatro, técnica de uñas y oficinismo general.
Además de esta medida, la gobernadora firmó otras tres leyes enfocadas en la eficiencia gubernamental y la concienciación en salud. La Ley 133-2025 declara junio como el “Mes de la Concienciación sobre la Miastenia Gravis”, una enfermedad neuromuscular de origen autoinmune, y ordena incluir su estudio en los programas académicos de medicina y salud, así como la creación de guías médicas para su diagnóstico y tratamiento.
La Ley 134-2025 busca fortalecer el Programa de Desarrollo de la Juventud, creado mediante la Ley 171-2014, al consolidar sus deberes y funciones bajo un marco más efectivo. Por su parte, la Ley 135-2025 crea un catálogo digital con información sobre programas, servicios y beneficios disponibles para la población desventajada, tanto en entidades gubernamentales como organizaciones sin fines de lucro y municipios. Este recurso estará disponible en el portal del Departamento de la Familia y será distribuido a los 78 municipios para ampliar su divulgación.
