La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 602, que establece una amnistía del 40% en el pago de multas de tránsito, según informó La Fortaleza mediante declaraciones escritas.
Con su firma, la mandataria creó la nueva Ley 1-2026, que busca incentivar el pago rápido de multas expedidas o pendientes en las estaciones de AutoExpreso, así como aquellas relacionadas con marbetes vencidos y otras violaciones administrativas.
El incentivo consistirá en un descuento del 40% sobre el monto total adeudado, incluyendo el principal, intereses, recargos y penalidades. El beneficio aplicará a todos los conductores, sin distinción de categoría de licencia.
La Fortaleza aclaró que, en el caso de las multas por falta de pago en estaciones de AutoExpreso, el descuento se aplicará únicamente al total de la multa, mientras que los peajes pendientes deberán pagarse en su totalidad. Sin embargo, la amnistía no aplicará a multas emitidas después de la aprobación de la ley.
Durante el periodo de vigencia del incentivo, los ciudadanos que se acojan al descuento podrán renovar su licencia de conducir sin restricciones relacionadas con su caducidad. El plazo para aprovechar el beneficio será de 120 días desde que entre en vigor el reglamento establecido en el Artículo 6 de la ley.
No podrán acogerse a esta amnistía los funcionarios públicos con cargos electivos ni aquellos cuyo nombramiento requiera confirmación legislativa, subrayó La Fortaleza. Asimismo, los fondos recaudados por la ejecución de la medida se depositarán en el Fondo General, conforme a la Ley 22-2000.
Según datos provistos por el secretario asociado del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Marcos García, desde febrero de 2022 la agencia ha acumulado $53 millones en multas no pagadas por violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito. Durante una interpelación ante la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, García admitió que esa cifra podría ser mayor, pues no incluye todas las multas contempladas bajo la ley. Indicó que el total representa unas 129,000 infracciones pendientes de pago.
