La gobernadora Jenniffer González informó que su administración evalúa acudir a los tribunales o a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para invalidar un acuerdo laboral de LUMA Energy con el sindicato estadounidense International Brotherhood of Electrical Workers. Según la mandataria, ese pacto obliga a los subcontratistas a emplear mano de obra afiliada al gremio, lo cual habría incrementado los costos de los proyectos de reconstrucción de la red eléctrica y afectado a las compañías locales.
González explicó que la continuidad del llamado “Project Labor Agreement” (PLA) contraviene la Orden Ejecutiva 2025-015, firmada en marzo, que prohíbe la imposición de ese tipo de condiciones en contratos gubernamentales. A raíz de la orden, el zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Josué Colón, notificó a LUMA sobre la obligación de cumplir con el decreto.
“LUMA está incumpliendo con esa orden ejecutiva. La subcontratación de Quanta es uno de esos ejemplos”, señaló González, tras indicar que estudia opciones legales como impugnar, invalidar contratos, elevar el asunto a la JSF o incluso demandar. “Vamos a hacer valer esa orden ejecutiva porque esos acuerdos aumentan los costos de servicio y perjudican a las compañías locales”, afirmó.
La gobernadora evitó precisar si se refería a los dos contratos de $600 millones aprobados por la JSF con Quanta Services Solutions PR (QSS) para trabajos en la red eléctrica. QSS, al igual que LUMA, es afiliada de la estadounidense Quanta Services. Ambos contratos fueron adjudicados mediante licitaciones administradas por la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO) creada por la AAPP.
Por su parte, LUMA sostuvo en declaraciones escritas que el PLA “permite mejores beneficios, estándares de seguridad y calidad en el trabajo final”, y aclaró que se aplica únicamente a labores cerca de líneas eléctricas sin limitar la participación de proveedores en procesos competitivos.
En mayo, el 3PPO solicitó a los proponentes de otra licitación someter dos ofertas —una con los costos del PLA y otra sin ellos— para evaluar las implicaciones de gasto y el cumplimiento de la orden ejecutiva. González insistió en que este tipo de acuerdos “es una manera de ellos mismos quedarse con el negocio”, al tiempo que reafirmó su compromiso de defender la validez de la medida.
La gobernadora añadió que el incumplimiento de LUMA se suma a los “múltiples vicios de ilegalidad” que, según su administración, ha cometido la empresa como operadora del sistema eléctrico. Ese mismo día, González anunció además una resolución conjunta que activa el Fondo Rotatorio Estatal para adelantar fondos destinados a la reconstrucción, ante los retos de acceso a recursos federales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Adriana Díaz Tirado colaboró en esta historia.
