El Departamento de Justicia de Puerto Rico está evaluando alegaciones de irregularidades dentro de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), involucrando a Norberto Almodóvar Vélez y Charlene Neuman Rivera. Esta investigación surge a raíz de un referido realizado el 19 de mayo de 2026 por Sebastián Negrón Reichard, entonces secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), quien solicitó examinar el proceso de evaluación de propuestas para un contrato federal valorado entre $1 y $2 millones, según informó Metro Puerto Rico.
Contexto del caso
La División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia está llevando a cabo una evaluación preliminar conforme a la Ley Núm. 2 de 1988, que regula la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI). De acuerdo con esta normativa, el Departamento de Justicia tiene un plazo de 15 días laborables para notificar formalmente al PFEI sobre su decisión, plazo que vence el 10 de junio de 2026, como detalló Metro Puerto Rico.
Renuncias y tensiones en el DDEC
El 26 de mayo de 2026, Negrón Reichard renunció a su cargo como secretario del DDEC, citando intervenciones indebidas desde La Fortaleza que, según él, comprometieron su habilidad para realizar sus funciones con integridad. Esta situación también provocó la renuncia de más de 10 funcionarios de alto rango tras la reversión de decisiones de suspensión que Negrón Reichard había emitido, reportó AP News.
Próximos pasos en la investigación
Hasta el 9 de junio de 2026, el Departamento de Justicia continúa con su evaluación preliminar y no ha emitido declaraciones adicionales sobre el desarrollo del caso. En palabras de un funcionario, «Tan pronto termine el Departamento de Justicia de investigar la parte criminal, la Oficina de Ética Gubernamental entrará a ver si hay alguna falla administrativa». El desenlace de esta evaluación determinará si se procede a una investigación más profunda o si se descartan las acusaciones.
La comunidad espera con interés el resultado de esta evaluación, ya que el caso pone en juego la integridad de procesos administrativos en Puerto Rico, especialmente aquellos que involucran contratos significativos.
Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial (DALL·E 3).
Fuentes: Metro Puerto Rico, AP News
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