La Fiscalía del condado de Utah rechazó este martes las alegaciones de la defensa de Tyler Robinson, acusado de asesinar a tiros al activista conservador Charlie Kirk, de que su oficina incurre en un conflicto de intereses y debe ser apartada del proceso.
En una audiencia que se extendió por más de tres horas, la defensa sostuvo que la presencia de la hija de uno de los abogados de la fiscalía en el tiroteo del 10 de septiembre, que causó la muerte de Kirk, descalifica al equipo fiscal.
El fiscal del condado de Utah, Jeffrey Gray, así como Chad Grunander, subjefe de la fiscalía del condado de Utah, y la hija de este último, de 18 años, comparecieron para responder sobre cómo el asesinato los impactó y si influyó en la decisión de buscar la pena de muerte pocos días después del arresto del acusado.
La Fiscalía acusó a Robinson de homicidio agravado por el ataque ocurrido en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en Orem. En total, enfrenta siete cargos, incluidos disparar un arma de fuego causando lesiones corporales graves, con alegados factores agravantes porque se cree que atacó a Kirk basándose en su ideología política y a sabiendas de que había niños presentes. Además, fue acusado doblemente de obstrucción a la justicia por mover y ocultar el rifle y por deshacerse de la ropa que llevaba al momento del tiroteo.
Desde la radicación de cargos, Gray ha indicado que solicitará la pena de muerte. En la audiencia, afirmó que tomó esa determinación sin presiones, pese a expresiones públicas a favor de la condena capital realizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el director del FBI, Kash Patel, y el gobernador de Utah, Spencer Cox.
“Las pruebas recabadas respaldan el cargo de asesinato con agravantes, y creo que la pena de muerte es totalmente apropiada en este caso en particular”, testificó Gray.
El fiscal también defendió la imparcialidad de Grunander, quien se enteró del tiroteo por su hija, ubicada a unos 25 metros del escenario donde estaba Kirk. La joven aseguró que no presenció el asesinato, según testimonio citado por The Salt Lake Tribune.
El juez Tony Graf indicó que aún “no ha tomado” una decisión sobre la posible descalificación de uno o de todo el equipo fiscal. Una nueva audiencia fue programada para el 24 de febrero.
