La fiscal Zulma Fúster Troche presentó su renuncia, efectiva el 31 de marzo, a la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei), confirmó la presidenta del panel, Ygrí Rivera Sánchez.
Rivera Sánchez, quien también es exjueza, destacó la trayectoria de Fúster Troche y la describió como una profesional “trabajadora, eficiente, laboriosa y muy seria en su trabajo”. Según explicó, la fiscal le había comunicado hace algún tiempo su intención de dejar el cargo porque “tiene otros planes”. “Es muy legítimo. Es muy buena, muy competente. Tengo una gran opinión sobre su trabajo y creo que todo el mundo lo reconoce”, afirmó la presidenta del panel.
Rivera Sánchez rechazó que la renuncia esté relacionada con la reciente determinación del Tribunal de Apelaciones, que concluyó que el FEI actuó fuera de los límites legales en el caso contra la exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez. Ese proceso, que se extendió más de 1,100 días, fue calificado por el foro apelativo como una dilación irrazonable y contraria a los plazos establecidos por la Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Ley 2), lo que a su juicio vulneró derechos constitucionales.
Pese a esa controversia, la presidenta del panel sostuvo que tanto Fúster Troche como otros fiscales involucrados se están preparando para recurrir al Tribunal Supremo. “Jamás le hubiésemos dicho que renunciara. Imposible. Ni ella lo hubiese hecho porque los casos se ganan y se pierden. Eso es normal en el Derecho, y se recurre al tribunal del más alto nivel siempre”, enfatizó.
Fúster Troche ha sido una figura destacada dentro de la Opfei y ha manejado múltiples casos de alto perfil. En algunos, como los procesos contra la exrepresentante Mariana Nogales Molinelli y el exsenador Albert Torres Berríos, el FEI no logró resultados favorables. No obstante, en otros, como el del exalcalde de Ponce Luis Irizarry Pabón, la fiscal consiguió acuerdos que culminaron con admisiones de culpabilidad por parte de los funcionarios.
Su salida marca el cierre de una etapa significativa en la institución encargada de investigar posibles delitos cometidos por funcionarios públicos.
