Decenas de feministas se unieron este martes, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para exigir al gobierno un plan efectivo que contrarreste los recortes federales vinculados a políticas antidiversidad y antiinmigrantes. Estos recortes han limitado los fondos destinados a organizaciones que atienden a sobrevivientes de la violencia machista.
Coraly León, directora de la Red de Albergues de Violencia de Género, advirtió que algunas entidades enfrentan reducciones de entre 50% y 65% en su financiamiento federal. “Cuando hay una pérdida de fondos y no hay una estrategia para atender esa merma, eso también es violencia institucional. Llevamos desde marzo alertando de esta situación y pidiendo sentarnos a desarrollar estrategias en conjunto”, manifestó frente al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).
León reclamó que las agencias gubernamentales busquen recursos que garanticen la continuidad de los servicios. “Hay camas y servicios disponibles, pero están operando con un recorte sustancial”, dijo, al tiempo que pidió acción al gobierno de Jenniffer González. Añadió que, a diferencia de otros estados como Colorado—que en 2024 impuso un impuesto sobre armas para apoyar refugios de víctimas de violencia doméstica—, Puerto Rico carece de una planificación similar.
El Nuevo Día solicitó una reacción de la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro, pero al cierre no hubo respuesta.
En lo que va de año se han registrado 16 feminicidios íntimos en la isla, según el Observatorio de Equidad de Género, que también documenta 54 feminicidios en total, 95 intentos y 50 mujeres y niñas desaparecidas. A nivel mundial, la ONU reportó casi 50,000 asesinatos de mujeres y niñas en 2024 a manos de sus parejas o allegados, el 60% de ellos motivados por violencia de género.
Durante la madrugada, la Colectiva Feminista en Construcción realizó un cacerolazo frente a La Fortaleza para exigir acción ante la violencia machista. “A siete años de haber exigido la declaración de un estado de emergencia, nuestras condiciones han empeorado. Merecemos más. El gobierno brilla por su ausencia”, expresó la organización.
Más tarde, en el CAAPR, representantes de más de una decena de colectivos feministas leyeron una proclama con cinco demandas, entre ellas, la implementación de una educación con perspectiva de género que erradique los estereotipos patriarcales.
La presidenta de la Comisión de las Mujeres del CAAPR, Noeli Pérez de La Torre, pidió campañas públicas que eviten la revictimización y promuevan alternativas de apoyo. También exigió que el Estado incluya partidas permanentes en el presupuesto nacional para las ONG que atienden a sobrevivientes, sus familias y mujeres migrantes sin estatus definido.
Lenna Ramírez Cintrón, directora de la Casa Protegida Julia de Burgos, alertó sobre el aumento en la demanda de servicios y los retos ante la reducción de fondos. Por su parte, Romelinda Grullón, del Centro de la Mujer Dominicana, denunció el “asedio” contra mujeres inmigrantes y criticó las políticas punitivas del gobierno de Donald Trump.
Vivian Godineaux Villaronga, presidenta del CAAPR, rechazó la aprobación del Proyecto del Senado 504, que propone otorgar personalidad jurídica al cigoto, calificándolo como una medida que afecta severamente los derechos de las mujeres. “Esto también es violencia contra la mujer. No hemos claudicado”, afirmó.
