Una denuncia del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) reveló los detalles del tiroteo en el que murió el agente de la Policía, Eddie Santiago Rentas, el pasado viernes en Ponce. Según el documento, el agente fue alcanzado por balas disparadas por José Ángel Colón Arroyo, alias “Coco”, durante un operativo encubierto contra el tráfico ilegal de armas.
La ATF presentó cargos contra tres hombres: Efraín Coimbre Lugo, de 28 años; Colón Arroyo, de 23; y Noé Emmanuel Torres Santiago, de 24. Los tres enfrentan acusaciones por posesión de armas automáticas y por portar armas con el número de serie mutilado. A Coimbre Lugo se le imputa, además, posesión de un arma siendo convicto de un crimen grave.
Según la denuncia, el operativo comenzó con una “compra controlada” de armas en el estacionamiento del Sam’s Club en Ponce. Torres Santiago había acordado venderle al agente encubierto dos pistolas alteradas para funcionar como automáticas, a cambio de $5,000. De acuerdo con la Policía, Torres tenía licencia de armas vigente y 19 armas registradas legalmente.
Durante el encuentro, Torres Santiago sacó un arma e intentó robar al agente encubierto. En ese momento, Colón Arroyo descendió del vehículo y apuntó al agente con otra pistola. Al llegar las unidades de apoyo, entre ellas el agente Santiago Rentas, se desató un intercambio de disparos. Santiago Rentas resultó herido de gravedad y murió al llegar al hospital.
Las investigaciones determinaron que Colón Arroyo utilizó una pistola Glock 19 calibre 9mm, con el número de serie borrado y un dispositivo que la convertía en automática. Torres Santiago portaba una Glock 23 calibre .40 también modificada. Ambas armas fueron enviadas al Instituto de Ciencias Forenses para análisis.
El tercer sospechoso, Coimbre Lugo, confesó haber participado conscientemente en la planificación del intento de robo y reconoció que las armas estaban modificadas para disparar de forma automática. Posteriormente, el magistrado Marcos López autorizó las órdenes de arresto contra los tres imputados, quienes enfrentarán vistas preliminares. El fiscal Héctor Siaca señaló que el Departamento de Justicia de Puerto Rico evalúa posibles cargos estatales por asesinato, aunque no podrían duplicar los de jurisdicción federal.
