Un gran jurado federal acusó a Harold Borrero Borrero, conocido como “Wassa”, por cargos de narcotráfico luego de un operativo en el que se ocupó un vehículo que simulaba ser una patrulla, junto a dinero en efectivo, armas y drogas.
El jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, informó que la acusación responde a una presunta conspiración para distribuir cocaína, crack y marihuana en el residencial Enrique Catoni, en Vega Baja, desde el 2025.
Borrero Borrero fue arrestado el 21 de mayo en la urbanización Ciudad Jardín III, en Toa Alta, durante una orden de registro. Según la querella, el operativo se realizó pasada la medianoche, cuando el acusado fue detenido al salir de una residencia hacia una guagua Toyota Tacoma. Al entrar a la propiedad, los agentes encontraron una bolsa con $268,722 en efectivo, 574 gramos de marihuana, unas 50 balas calibre 9mm y seis paquetes tipo “ladrillo” con cocaína, que pesaban alrededor de 7,100 gramos, además de unos 1,200 frascos con crack.
Las autoridades también ocuparon un rifle Colt calibre .223, cargadores, chalecos antibalas, máscaras, y un rifle tipo AR sin número de serie. En un dormitorio hallaron 29 balas calibre .45 dentro de una caja de cereal, libros de contabilidad vinculados al narcotráfico y dinero en efectivo. Asimismo, los federales indicaron que Borrero y sus cómplices utilizaban una patrulla falsa, un Ford Taurus con insignias del Departamento de Seguridad Pública.
La acusación incluye cargos por conspiración para distribuir sustancias controladas, posesión con intención de distribuir, posesión de armas por persona prohibida, posesión de armas en apoyo al narcotráfico y mantenimiento de un punto de drogas. Si es hallado culpable, enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
La abogada de Borrero, Rachel Brill, solicitó revocar la orden de detención preventiva o celebrar una nueva vista de fianza, argumentando que su cliente mantiene lazos familiares en la isla, trabajo estable y que no ha tenido conductas violentas en más de tres décadas. La Fiscalía, sin embargo, sostuvo que el historial criminal del acusado, que incluye condenas por asesinato, y la gravedad de los cargos justifican su detención por el posible riesgo de fuga.
El caso está ante el magistrado federal Marcos E. López, quien deberá decidir si mantiene la detención o revisa la fianza bajo el estándar de “novo”. La investigación está a cargo de la DEA y la Policía, y las fiscales asignadas son Myriam Y. Fernández González y María L. Montañez, de la División de Crimen Organizado, Lavado de Dinero y Recuperación de Activos.
