El FBI contactó a seis legisladores demócratas que aparecieron en un video instando a las tropas de Estados Unidos a desafiar “órdenes ilegales”, para coordinar entrevistas que podrían formar parte de una investigación. La acción ocurre un día después de que el Pentágono anunciara una indagación sobre el senador de Arizona, Mark Kelly, por posibles violaciones de la ley militar.
Las gestiones del FBI y el Pentágono siguieron a las acusaciones del presidente Donald Trump, quien tildó a los legisladores de sediciosos y advirtió en una publicación en redes sociales que ese delito era “punible con la MUERTE”.
Los congresistas sostienen que la investigación es una “táctica de intimidación” impulsada por Trump. En un comunicado, cuatro demócratas de la Cámara denunciaron que el presidente “usa al FBI como herramienta para acosar a miembros del Congreso”, tras confirmarse que la División de Contraterrorismo había enviado notificaciones al Capitolio.
La senadora de Michigan Elissa Slotkin, una de las seis figuras del video, afirmó que la medida representa un intento de intimidar a quienes cuestionan decisiones presidenciales. “Ya sea que estés de acuerdo o no con el video, la pregunta es si un presidente debe usar al gobierno federal como arma contra quienes no comparten su opinión”, expresó.
El FBI solicitó las entrevistas mediante los responsables de seguridad de la Cámara y el Senado, sin ofrecer detalles sobre los motivos. Su director, Kash Patel, calificó el caso como un “asunto en curso” y dijo que la decisión de abrir una pesquisa dependerá de los analistas de carrera de la agencia.
El video, difundido en redes sociales, mostraba a los legisladores pidiendo a las fuerzas armadas “defender nuestras leyes y nuestra Constitución”. Kelly, ex piloto de combate y astronauta retirado, recordó a las tropas que “pueden rechazar órdenes ilegales”.
Tras conocerse la reacción del Pentágono, el secretario de Defensa Pete Hegseth remitió la investigación a la Marina y pidió un informe para el 10 de diciembre. Slotkin mencionó además que la iniciativa surgió ante inquietudes de militares sobre órdenes potencialmente cuestionables, como despliegues internos de la Guardia Nacional y operaciones contra presuntos narcotraficantes en el Caribe.
Los seis legisladores involucrados han servido previamente en el ejército o en agencias de inteligencia. En su defensa, señalaron que las normas militares obligan a todo uniformado a rechazar órdenes ilegales, un principio respaldado por precedentes históricos como el rechazo a la llamada “defensa de Núremberg.”
