Durante cinco meses, un padre esperó que su hija de tres años fuera liberada de la custodia federal en Estados Unidos, sin imaginar lo que descubriría después. La niña había cruzado la frontera entre Estados Unidos y México junto a su madre y fue separada de ella tras su detención. Según denunció la familia, la menor sufrió presuntos abusos sexuales mientras permanecía en un hogar de acogida en Harlingen, Texas.
El padre, residente legal permanente, relató a The Associated Press bajo condición de anonimato que solo se enteró del caso cuando acudió a los tribunales. “Solo pienso que si se hubieran movido más rápido, nada de eso habría pasado”, dijo. De acuerdo con la demanda, los abusos fueron cometidos por un niño mayor alojado en la misma casa. Un cuidador detectó algo extraño y la menor contó que había sido agredida en varias ocasiones. La Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados (ORR) describió entonces el suceso como un “accidente”.
La abogada Lauren Fisher Flores, representante de la niña, afirmó que las denuncias fueron remitidas a la policía y calificó el caso como “inimaginable”. “Que abusen de tu hijo mientras está al cuidado del gobierno y que ni siquiera te cuenten lo ocurrido es impensable”, expresó. Fisher Flores subrayó que los niños “deben estar con sus padres, no bajo custodia gubernamental”.
La ORR y el Departamento de Salud y Servicios Humanos figuran en la demanda, aunque no respondieron solicitudes de comentario. Bajo la administración del presidente Donald Trump, los tiempos de detención de menores migrantes se extendieron considerablemente debido a nuevas reglas y verificaciones más estrictas para padres y patrocinadores. El promedio de custodia pasó de 37 días a casi 200, según datos judiciales.
El padre había intentado reunirse con su hija, pero el gobierno le negó una cita para completar el proceso de huellas dactilares. Solo después de una petición de hábeas corpus un tribunal federal ordenó la liberación de la menor. Al preparar la demanda, el hombre descubrió que el supuesto “accidente” mencionado por funcionarios era en realidad un caso de abuso sexual.
El caso ha sido descrito por Neha Desai, del Centro Nacional de Derecho Juvenil, como “otra versión más de la separación familiar”. Desai criticó que la administración “ha incumplido su obligación legal de entregar a los niños a sus familias”, poniendo en riesgo su bienestar.
Tras el reencuentro, el padre observó que su hija tenía pesadillas y miedo. “Nunca había sido así”, lamentó.
