La familia de Alejandro Carranza, un pescador colombiano fallecido en un bombardeo ordenado por Donald Trump en el Caribe, presentó una denuncia contra Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los familiares sostienen que Carranza no transportaba droga y fue víctima de una ejecución extrajudicial.
Según relataron a la AFP, Carranza salió a pescar el 15 de septiembre desde Santa Marta y días después apareció muerto. La denuncia responsabiliza directamente a Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, y señala que el presidente Donald Trump “ha ratificado la conducta del secretario”.
El abogado Dan Kovalik, especialista en derechos humanos y asesor del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos, representa a la familia ante la CIDH. Organismos como la ONU también han cuestionado la legalidad de los ataques estadounidenses, en los cuales habrían muerto más de 80 personas en el Caribe y el Pacífico.
Katerine Hernández, viuda del pescador, describió a Carranza como “un muchacho de bien” que dejó cuatro hijos. Asegura que su familia ha recibido amenazas de grupos paramilitares desde que denunciaron el caso. “No tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar”, afirmó.
El presidente Gustavo Petro prometió su apoyo a la familia y ha calificado las muertes como “ejecuciones extrajudiciales”. Las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos aumentaron tras estos incidentes, que llevaron a Washington a retirar su certificación a Colombia como aliada en la lucha antidrogas. Trump, por su parte, acusa a Petro de no hacer lo suficiente contra el narcotráfico.
La Casa Blanca mantiene su postura de continuar los ataques a embarcaciones sospechosas, incluso tras críticas por supuestos bombardeos repetidos a una misma lancha para eliminar sobrevivientes. Expertos citados por la AFP consideran que esta estrategia no ha reducido la producción de drogas y busca reforzar la “agenda doméstica” del mandatario estadounidense.
Trump anunció además que el siguiente paso en su lucha contra el narcotráfico incluiría operaciones terrestres, principalmente en Venezuela, sin descartar incursiones en territorio colombiano. El presidente venezolano Nicolás Maduro sostiene que estas acciones encubren un plan para derrocarlo.
