La familia de Dereck Yandel Robles Vázquez, un joven de 19 años que perdió la vida en un choque fatal en mayo de 2023 en Corozal, expresó su indignación al enterarse apenas un día antes de que el responsable sería excarcelado este viernes.
“Las víctimas necesitamos que nos digan qué está pasando. No enterarnos porque nosotros mismos buscamos la información”, reclamó Yahaira Vázquez Santos, madre del joven, durante una vista en el Tribunal de Bayamón a la que asistió el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera. Añadió que fue a las 3:00 p.m. del jueves cuando supo de la excarcelación y agradeció la presencia del secretario, quien los acompañó hasta horas de la noche. “Solo pedimos que nos mantengan informados. No es justo”, dijo.
La madre lamentó que, sin la gestión de su cuñada, la familia no se habría enterado de lo ocurrido. “Ya llevamos esta pérdida, y luego enterarnos al otro día que este señor sale… Eso no fue lo prometido. Este señor mató a mi hijo de 19 años”, expresó conmovida.
El secretario Quiñones Rivera reconoció que la notificación fue inadecuada. “No estoy conforme. Tengo información preliminar y personalmente he pedido cuentas al personal sobre esto. Una notificación adecuada no puede ser una tarde antes”, explicó.
El caso se remonta al 16 de mayo de 2023, cuando el convicto, Carlos Rafael González Vega, de 32 años, conducía una guagua Ford por la carretera PR-142 en Corozal e invadió el carril contrario, impactando la Ford Ranger en la que viajaba Robles Vázquez. El joven murió en la escena y la investigación determinó que González Vega manejaba bajo los efectos de sustancias controladas.
Tras declararse culpable, González Vega fue sentenciado a un año de cárcel y dos años bajo sentencia suspendida, una decisión que el secretario del DCR calificó de indignante. Recordó además que el Departamento no recomendó la sentencia suspendida, ya que el informe presentencia advertía el historial del convicto. “Estoy aquí porque estoy indignado. Solicitamos la imposición de un lockdown 24/7 con supervisión electrónica para darle seguridad al país”, sostuvo Quiñones Rivera.
El funcionario informó que el convicto acumulaba 106 multas de tránsito por un total de $10,855 y no tenía licencia de conducir desde 2014. Añadió que el costo del grillete electrónico, de $4.60 diarios, sería cubierto por el propio DCR.
La jueza Mariela Miranda Recio presidió la vista en la sala 605, describiéndola como “sumamente inusual”. Según el secretario, la jueza mostró molestia por tener que interrumpir un seminario sobre prueba. “Creo que tenemos que poner primero a la gente”, comentó Quiñones Rivera.
Al finalizar, Miranda Recio concedió las condiciones solicitadas por la fiscalía, las mismas que se aplicarían tras la liberación. En la audiencia también estuvieron presentes el fiscal Gabriel Redondo y el abogado de defensa Carlos Beltrán.
A la salida del tribunal, Wilbert Rivera, padre del joven y agente del Distrito de Corozal, reiteró que la familia continuará su lucha para que se implementen medidas de seguridad vial en la PR-142, con la esperanza de evitar que otras familias sufran una tragedia similar.
