El Departamento de la Familia asumió la custodia de tres menores adicionales como parte de la investigación sobre cinco niños que supuestamente vivían en condiciones infrahumanas en una residencia del barrio La Central, en Canóvanas. Así lo confirmó a El Nuevo Día la secretaria Suzanne Roig Fuertes, quien explicó que los tres menores son hermanos de una de las niñas removidas durante un allanamiento realizado por la Policía el jueves.
Los niños, de tres y dos años, además de un infante, fueron retirados de un hogar en Carolina tras una visita de la agencia. Familia solicitará al Tribunal de Carolina la custodia de los ocho menores removidos hasta el momento.
“En la casa allanada por la Policía, con otros propósitos, había cinco menores pertenecientes a tres familias distintas. Una señora tenía una niña de nueve años, otra de diez y una joven de 18 años”, detalló Roig Fuertes. Añadió que la joven de 18 años también tenía dos hijos: uno de un año y otro de un mes aproximadamente, y que en la vivienda había vivido recientemente un hombre con cuatro hijos de siete, tres, dos años y seis meses.
La secretaria explicó que la hija mayor de ese hombre se encontraba pernoctando en la residencia cuando los agentes de la División de Inteligencia y Arrestos realizaron la intervención. “Nos vimos obligados a entregarle esa niña a su madre, quien no tiene relación con el allanamiento. Sin embargo, al visitar el hogar descubrimos circunstancias que exigieron nuestra acción inmediata de asumir una custodia de emergencia de los otros tres menores”, expresó.
Aclaró que no se trata del mismo caso, sino de una situación que surgió como resultado del trabajo de protección infantil. Roig Fuertes indicó que los equipos de trabajo social se encontraban en el Tribunal presentando las peticiones formales de custodia y los planes para cada menor.
La funcionaria señaló que la investigación sigue abierta y que el Departamento continuará brindando apoyo y servicios a los niños. Indicó que la agencia no tenía querellas previas de maltrato o negligencia relacionadas con los menores, aunque dos de los núcleos familiares sí cuentan con antecedentes de violencia doméstica. De los exámenes médicos realizados no se desprende que los niños hayan sufrido maltrato físico.
“Esta investigación se maneja junto con la Policía de Puerto Rico y la Fiscalía, porque el maltrato y la negligencia también tienen un componente criminal”, sostuvo. Roig Fuertes calificó el episodio como un “caso triste” y dijo que la experiencia la conmovió personalmente. “Como trabajadora social, me impacta ver lo que estos niños vivieron. Estuve con ellos y me aseguré de que estuvieran bien. Son situaciones muy tristes, pero nos dan más fuerza para seguir luchando por la niñez”, concluyó.
