La falta de comunicación y de sistemas que permitan la conectividad tecnológica entre las agencias gubernamentales ha sido un factor determinante en la ausencia de una respuesta efectiva e integrada del Estado ante denuncias de maltrato infantil.
Ese fue el consenso de una reunión convocada por la vicepresidenta del Senado, Marissa Jiménez, para atender la crisis de maltrato a menores en el país, visibilizada por múltiples casos reportados desde el inicio del año. “Lo principal es la comunicación entre las agencias y que haya acciones contra cada empleado que no haga su trabajo”, sostuvo Jiménez, al señalar que, aunque Educación y la Familia han logrado coordinar esfuerzos, es necesario integrar a otras agencias y procurar que la remoción de los niños sea la última opción.
En el encuentro, celebrado en el Edificio Luis A. Ferré del Senado, participaron el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero; la jefa de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, Catherine Oliver; y otros legisladores. Agencias como Vivienda y Educación enviaron representantes.
La senadora Wanda Soto subrayó que “la ley es clara, pero las agencias necesitan reforzar sus procesos para que se cumpla con lo que ya está establecido”. También hubo consenso en reforzar la detección temprana de riesgo y el acompañamiento a las familias intervenidas.
La subsecretaria de Asuntos Académicos y Programáticos del Departamento de Educación, Beverly Morro Vega, informó que en el año académico en curso se han recibido 1,386 referidos por maltrato, de los cuales 305 han sido confirmados y se trabajan con el Departamento de la Familia. El año previo se reportaron 1,160 casos, con 192 confirmados. Añadió que el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, ordenó la unificación de los protocolos en un solo manual para una aplicación más efectiva.
Morro Vega indicó que se realizan investigaciones y que habrá sanciones conforme a reglamento si personal de Educación incumple. Además, recordó que la Ley 57 de 2023 establece el deber de todo ciudadano de reportar de inmediato cualquier señal de maltrato.
Ramos Otero destacó que la conectividad interagencial debe fortalecerse mediante la “Ley del Expediente Digital Único” (Ley 6-2025), que integrará expedientes de Salud, Familia, Educación y Rehabilitación Vocacional. Señaló que Salud ya cuenta con fondos para digitalizar archivos del programa “Madres, Niños y Adolescentes” y confía en que la ley comience a aplicarse antes del verano. Añadió que la gobernadora Jenniffer González identificó la falta de coordinación como el principal problema.
Datos del Instituto de Estadísticas, actualizados en diciembre, reflejan tasas de maltrato infantil cercanas al 30% en municipios de la zona este, como Ceiba (31.8%), mientras que Guayama registró 20.6% y Humacao 23.3%. Ramos Otero anticipó un proyecto piloto en la región junto al tercer sector. Casos recientes se han reportado en Canóvanas, Loíza, Humacao, Gurabo, Toa Baja e Isabela.
