Durante unas horas, los republicanos del Congreso pensaron que el conflicto con la administración Trump por los aranceles había encontrado un respiro. El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló parte del régimen arancelario global del presidente Donald Trump, al determinar que la potestad de imponer impuestos recae en el Congreso. Muchos legisladores republicanos celebraron la decisión y se mostraron dispuestos a colaborar con el mandatario en el futuro.
Pero el alivio duró poco. Esa misma tarde, Trump anunció que impondría por su cuenta un nuevo arancel global del 10 % a las importaciones, y al día siguiente elevó la cifra al 15 %. Según explicó, actuará bajo una ley que limita este tipo de medidas a 150 días, una disposición nunca antes usada de ese modo. La decisión amenaza con repercusiones globales y mantiene a los republicanos enfrentando internamente la política comercial del presidente mientras se acercan las elecciones legislativas.
“Siempre he tenido derecho a hacer aranceles”, dijo Trump, insistiendo en que no necesita al Congreso. Las tensiones por esta política se intensificaron: el senador Mitch McConnell señaló que las guerras comerciales con aliados estadounidenses “han demostrado su inutilidad”, al tiempo que advirtió que los aranceles encarecen viviendas y afectan industrias clave en Kentucky.
El conflicto tuvo consecuencias políticas inmediatas. Trump retiró su apoyo a la reelección del congresista republicano Jeff Hurd por votar contra los aranceles a Canadá, respaldando en su lugar a su rival en las primarias, Hope Scheppelman. “Hurd me ha defraudado y prefiere proteger a países extranjeros antes que a Estados Unidos”, escribió el presidente en Truth Social.
Del otro lado, los demócratas vieron en la controversia una oportunidad electoral. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, advirtió que los nuevos aranceles de Trump “perjudicarán al pueblo estadounidense tanto como los anteriores” y pidió que el Congreso bloquee su implementación. La senadora Elizabeth Warren exigió reembolsos para los consumidores por los aranceles anulados, reforzando el mensaje demócrata de que las políticas del presidente han encarecido el costo de vida. Un análisis del JPMorganChase Institute señaló que muchas pequeñas y medianas empresas han tenido que absorber los impuestos trasladándolos a precios más altos y reduciendo empleos.
El Tribunal Supremo reiteró que solo el Congreso puede imponer aranceles, pero Trump firmó una orden ejecutiva amparándose en la Ley de Comercio de 1974 para establecer impuestos temporales por “déficits graves de balanza de pagos”. La norma nunca había sido invocada ni evaluada judicialmente, lo que abre un incierto pulso legal y político.
Mientras tanto, el Partido Republicano sigue dividido. Algunos, como el senador Bernie Moreno, defienden el proteccionismo “America First” y piden codificar los aranceles “que han hecho de nuestro país el más caliente del mundo”. Otros, como el representante Don Bacon, celebraron la decisión del Supremo y exhortaron a que “el Congreso defienda su autoridad”. Bacon anticipó más reacciones internas, recordando que Trump ya había prometido castigar políticamente a los republicanos que votaran en contra de su estrategia arancelaria.
El fallo judicial, lejos de cerrar el tema, profundizó una grieta dentro del Partido Republicano y consolidó los aranceles como un eje de la pugna electoral en Estados Unidos.
