Washington — La investigación del Pentágono contra el senador Mark Kelly por un vídeo en el que insta a las tropas estadounidenses a no obedecer “órdenes ilegales” ha generado críticas y dudas entre expertos legales. Algunos opinan que la acción se basa en una interpretación errónea de la ley militar y que el demócrata de Arizona no puede ser procesado como miembro del Congreso.
El Pentágono abrió la investigación luego de que el presidente Donald Trump publicara en redes sociales que Kelly y otros cinco legisladores demócratas incurrían en sedición, un delito “castigado con la MUERTE”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, alegó que Kelly puede ser investigado porque, como piloto naval retirado, aún está bajo la jurisdicción militar.
Kelly calificó la pesquisa como obra de “matones” y aseguró que no lo disuadirá de “pedir cuentas a esta administración”. Expertos como Stephen Vladeck, de la Universidad de Georgetown, señalaron que aunque existen precedentes de juicios militares a retirados, procesar a un senador por expresarse como civil sería un abuso. Todd Huntley, capitán retirado y ahora académico en Georgetown, reconoció que casos así son muy raros.
El abogado Colby Vokey calificó de “ridícula” la idea de aplicar la ley militar a Kelly por comentarios hechos en su rol legislativo. Patrick McLain, ex juez militar, coincidió en que se trata de un intento sin precedentes de castigar libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.
Expertos como Charles Dunlap, de la Universidad de Duke, y el Grupo de Trabajo de Antiguos JAG afirmaron que el vídeo no violó el Código Uniforme de Justicia Militar, ya que se limitó a explicar la diferencia entre órdenes legales e ilegales. Recordaron que las tropas tienen el deber de rechazar órdenes contrarias a la ley, una doctrina consolidada tras los juicios de Núremberg.
El analista Michael O’Hanlon, de la Brookings Institution, estimó que cualquier acusación sería desestimada. “Decir que no se debe infringir la ley no puede ser un delito”, subrayó.
Finalmente, el constitucionalista Anthony Michael Kreis, de la Universidad Estatal de Georgia, sostuvo que intentar disciplinar a un senador desde el Ejecutivo viola el principio de separación de poderes. “La Constitución protege explícitamente la independencia del Congreso frente a la Casa Blanca”, recalcó.
La controversia, según los expertos, expone tanto los límites jurídicos del mando militar como las tensiones entre libertad de expresión, autoridad civil y control constitucional en Estados Unidos.
