David Venturella, quien fue alto ejecutivo de una empresa operadora de prisiones privadas, asumirá como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés), según confirmó el gobierno federal. Reemplazará a Todd Lyons, quien dejará el cargo a fin de mes.
Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) informó que Venturella ocupará el puesto mientras la administración define un nombramiento permanente. Venturella trabajó anteriormente en Geo Group, corporación responsable de casi una tercera parte de los centros de detención del ICE, donde fue vicepresidente ejecutivo a cargo de desarrollo corporativo. Dejó la empresa en 2023 y actualmente encabeza la división del ICE encargada de supervisar los contratos de detención.
Geo Group ha recibido millonarios contratos derivados de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, incluyendo un acuerdo de 15 años y $1,000 millones para una instalación en Nueva Jersey. Su director general, George Zoley, destacó recientemente que 2025 fue el año más exitoso en nuevos contratos y expansión de operaciones, con 23 centros que suman unas 26,000 camas.
Para Silky Shah, directora ejecutiva de Detention Watch Network, el nombramiento de Venturella es un “ejemplo clásico de la puerta giratoria” entre el sector privado y el gobierno. Advirtió que su conocimiento interno del ICE podría impulsar la apertura de más centros de detención.
La designación ocurre en un contexto de fuerte escrutinio público hacia la ofensiva migratoria de Trump, que ha provocado tensiones y enfrentamientos en varias ciudades, incluso incidentes fatales en Minneapolis a comienzos de año. Bajo el liderazgo de Lyons, el ICE recibió $75,000 millones del Congreso para sostener las deportaciones a gran escala promovidas por la administración republicana.
El secretario del DHS, Markwayne Mullin, busca estabilizar la agencia y moderar su imagen, aunque ha asegurado que mantendrá la alineación con las prioridades del presidente en materia de control migratorio. El organismo también enfrenta controversia por un plan para convertir almacenes en centros de detención, proyecto valorado en $38,300 millones. Dicho plan ha sido pausado mientras se revisan los contratos firmados bajo la gestión de Kristi Noem, tras demandas y críticas de comunidades locales.
La Oficina del Inspector General del DHS confirmó que realiza una auditoría sobre esas compras. Mientras tanto, Geo Group podría beneficiarse si el proyecto finalmente se cancela, ya que dispone de 6,000 camas vacantes en seis instalaciones propias. Zoley reconoció que la empresa evalúa con precaución involucrarse en eventuales contratos para operar algunos de esos centros.
