Josué Hernández Álvarez, exdirector ejecutivo en la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico (UPR), presentó una demanda federal contra la institución, la presidenta Zayira Jordán Conde, el expresidente y rector interino del Recinto de Mayagüez, Miguel Muñoz, y otros funcionarios, por presunto discrimen, represalias, despido constructivo y violaciones a derechos civiles.
Según explicó en declaraciones escritas, la acción legal fue radicada en el Tribunal federal en Hato Rey alegando violaciones a derechos civiles, discrimen por razones políticas y por orientación sexual, además de un ambiente laboral hostil. Hernández Álvarez también solicitó un juicio por jurado.
Entre los demandados figuran Ricardo Dalmau, presidente de la Junta de Directores de la UPR; la asistente administrativa Katherine Meléndez; el director del Departamento de Recursos Humanos, José A. Hernández; Sheyla Méndez; Angélica Varela; la Junta de Gobierno de la UPR y varias compañías de seguro identificadas del 1 al 100.
“Esta acción no se trata únicamente de una experiencia individual, sino de la defensa de principios fundamentales como la equidad, el respeto y la dignidad en el servicio público”, expresó Hernández Álvarez.
En su demanda de 33 páginas, preparada por el abogado Juan Vélez Méndez, el demandante detalla presuntos incidentes ocurridos tras un cambio en la administración universitaria en 2025. Alega que a partir de ese momento se inició un patrón de exclusión, limitación de acceso a procesos institucionales y reasignación de funciones que derivaron en su salida.
El documento también señala que fue objeto de trato desigual y expresiones que fomentaron un ambiente adverso, sin que se ofreciera respuesta a sus reclamaciones internas. Hernández Álvarez solicita compensación por daños y la restitución de sus derechos laborales.
Además, pide una medida cautelar para prevenir violaciones continuas a la ley federal, así como una orden para que la UPR cese prácticas de represalia y discriminación. También exige que se restablezcan sus derechos laborales mediante la emisión de un certificado de empleo actualizado y la tramitación de los asuntos pendientes relacionados con su renuncia y expediente de personal.
