Santa Fe, Nuevo México — Ante la preocupación de que agentes federales de inmigración puedan patrullar las urnas durante las elecciones de medio término, varios estados liderados por demócratas están aprobando leyes para restringir su presencia en los centros de votación.
Nuevo México se convirtió esta semana en el primer estado en prohibir formalmente que personas armadas al servicio del gobierno federal, civil o militar, se acerquen a los colegios electorales o a sus estacionamientos. La ley, impulsada como respuesta a la política migratoria del presidente Donald Trump, también permite a los votantes presentar demandas civiles si son intimidados o interferidos por agentes federales, con multas de hasta 50,000 dólares por infracción.
Legisladores y funcionarios en al menos seis estados —entre ellos California, Connecticut y Virginia— consideran medidas similares. El temor, afirman, es que la administración Trump utilice fuerzas federales o militares para intervenir en el proceso electoral o intimidar a los votantes. “No vamos a permitir que eso ocurra”, advirtió Matt Blumenthal, representante estatal demócrata de Connecticut y coautor de un proyecto que crearía un perímetro de seguridad de 250 pies alrededor de los colegios electorales.
Aunque la administración Trump ha negado tener planes de desplegar agentes de inmigración en las urnas, ocho secretarios de Estado solicitaron una confirmación por escrito al designado para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Los funcionarios confían en que una declaración formal garantice la ausencia de personal del ICE durante el ciclo electoral de 2026.
La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, justificó la nueva ley señalando su desconfianza en la supervisión federal y recordando las solicitudes del Departamento de Justicia para acceder a datos de votantes, así como las reiteradas afirmaciones falsas de Trump sobre fraude electoral. “Celebraremos elecciones libres y justas, y nuestra responsabilidad es garantizar que los nuevomexicanos estén seguros en cada lugar de votación”, afirmó.
Republicanos en la legislatura del estado rechazaron la medida, alegando que busca provocar al presidente. La senadora demócrata Katy Duhigg, copatrocinadora, defendió la ley como una herramienta preventiva en defensa de la democracia.
En paralelo, Connecticut prepara legislación para evitar incautaciones federales de papeletas o materiales electorales después de un operativo del FBI en enero en el condado de Fulton, Georgia. Blumenthal reconoció que los estados tienen facultades limitadas ante la supremacía de la ley federal, pero insistió en que las autoridades estatales podrían impugnar esos actos.
Especialistas advierten que se vislumbra un posible choque legal entre los gobiernos estatales y Washington. “Podría establecerse un enfrentamiento directo”, señaló Richard Hasen, director del Proyecto de Salvaguarda de la Democracia de la UCLA. “Dada la cláusula de supremacía, los estados no pueden hacer mucho”.
