Cuatro estados gobernados por demócratas —California, Colorado, Illinois y Minnesota— presentaron una demanda para impedir que el gobierno del presidente Donald Trump retenga cerca de $600 millones en subvenciones de salud pública. Según los fiscales generales, el recorte sería una represalia por la oposición de estos estados a la campaña federal contra la inmigración.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos notificó al Congreso que planeaba retener los fondos, lo que, según la demanda, viola la Constitución al imponer condiciones retroactivas al financiamiento. El recurso, presentado ante un tribunal federal en Illinois, busca frenar la entrada en vigor de los recortes, algunos de los cuales podrían activarse desde este jueves, según el fiscal general de Colorado, Phil Weiser.
Funcionarios de salud justificaron los recortes argumentando que varias de las subvenciones —dirigidas a comunidades LGBTQ+ y poblaciones de color— son “incompatibles con las prioridades de la agencia”. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades redefinieron sus prioridades en septiembre y calificaron la equidad en salud como un concepto “con carga ideológica” que “ha socavado valores fundamentales estadounidenses”.
Además de los fondos de salud, el gobierno de Trump también prevé retirar cientos de millones en financiamiento de transporte a estos estados. Tribunales federales ya han bloqueado temporalmente iniciativas similares. La semana pasada, un juez determinó que el gobierno no puede, por ahora, cortar miles de millones en subsidios para el cuidado de niños y otros programas sociales en los mismos estados y en Nueva York.
Los recortes más significativos afectarían programas de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual en Chicago y Los Ángeles, enfocados en adolescentes, minorías étnicas y hombres gay. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, calificó la decisión como “una bofetada en la cara” a quienes sostienen la infraestructura de salud pública, mientras el gobierno de Trump “le da un mazazo” a esos sistemas.
La Casa Blanca también ha puesto bajo revisión una subvención de $7.2 millones para la Asociación Médica Estadounidense, criticando su respaldo a tratamientos de confirmación de género para menores, prohibidos por una orden ejecutiva de Trump. Otras subvenciones afectadas permiten rastrear brotes y recopilar datos esenciales para los CDC.
California sería el estado más afectado. Su fiscal general, Rob Bonta, advirtió que los recortes “dañarán irreparablemente” la salud pública. “El presidente Trump está recurriendo a un manual ya conocido”, dijo. “Está usando el financiamiento federal para obligar a estados y jurisdicciones a seguir su agenda. Esos esfuerzos ya han fracasado antes, y esperamos que vuelva a ocurrir”.
