Sacramento, California — Más de una docena de estados presentaron una demanda contra la administración del presidente Donald Trump, alegando que su decisión de revertir las recomendaciones federales de vacunación infantil constituye una amenaza ilegal para la salud pública.
Los estados argumentan que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) pusieron en peligro la vida de los niños al anunciar el mes pasado que dejarían de recomendar la vacunación universal contra enfermedades como la gripe, el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B, algunas formas de meningitis y el virus sincitial respiratorio (VSR). Las nuevas directrices indican que esas vacunas solo se recomienden a grupos de alto riesgo o mediante la llamada “toma de decisiones compartida” entre médico y paciente.
Autoridades estatales, entre ellas las de Arizona y California, sostienen que estas medidas desatienden guías médicas de larga data y obligarán a los estados a destinar más recursos para evitar brotes. “La salud y la seguridad de los niños de todo el país no es una cuestión política. No es un tema de debate de la guerra cultural”, declaró el fiscal general de Arizona, el demócrata Kris Mayes.
Ni los CDC ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos respondieron a las solicitudes de comentario sobre la demanda.
El litigio amplía la confrontación entre los estados gobernados por demócratas y la administración republicana de Trump, en particular sobre los cambios impulsados por el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. Bajo su dirección, el gobierno federal ha despedido a miles de trabajadores de salud pública, recortado fondos de investigación científica y modificado políticas sobre temas como el uso del fluoruro.
La demanda también cuestiona la decisión de Kennedy de reemplazar a todos los miembros del comité asesor sobre vacunas con personas designadas por él, acción que los estados consideran ilegal.
El conflicto judicial se produce pocos meses después de que los gobernadores de California, Oregón y Washington —todos demócratas— crearan una alianza para establecer sus propias recomendaciones de vacunas, acusando a la Casa Blanca de politizar a los CDC y poner en riesgo la salud de la población.
