La segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa cerró sin que se concretara la prometida reforma contributiva ni la congelación del impuesto al inventario, una de las principales promesas del Partido Nuevo Progresista (PNP). La falta de acuerdos expuso las tensiones entre el Ejecutivo, encabezado por la gobernadora Jenniffer González, y el liderato legislativo, junto a los alcaldes de distintas colectividades.
Pese a los reclamos de la oposición, que calificó el cierre como una sesión sin grandes resultados, la mayoría novoprogresista defendió lo alcanzado. “Hemos tenido que fiscalizar a nuestra propia administración… El saldo neto es positivo”, afirmó el senador Juan Oscar Morales, portavoz alterno del PNP en la Cámara Alta.
Durante el periodo, González sometió 82 proyectos de administración, de los cuales 33 se convirtieron en ley, seis de ellos en esta sesión. Además, de 331 nombramientos, algunos fueron rechazados, como el de David Figueroa Betancourt a la Defensoría de las Personas con Impedimentos. Persisten vacantes clave en agencias como el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y el Departamento de Agricultura.
José “Pichy” Torres Zamora, portavoz del PNP en la Cámara, aseguró sentirse satisfecho con un cumplimiento del 90% de los proyectos de administración, destacando medidas en materia de salud, desarrollo económico y bienestar social.
El tema contributivo dominó la discusión pública. Aunque se esperaba la radicación de una reforma más amplia, esta no fue enviada por la gobernadora. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anticipó que no evaluará otras medidas fiscales hasta que se someta ese proyecto. Entre las iniciativas pendientes está el Proyecto de la Cámara 502, que exime de contribuciones la ganancia por la venta de una residencia principal, y el Proyecto del Senado 494, que aumenta las deducciones para aportaciones a cuentas IRA.
Desde la oposición, Denis Márquez Lebrón, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), advirtió que varias medidas aprobadas representan retrocesos en derechos ciudadanos, entre ellas el PS 63, que limita el acceso a información pública, y el PS 504, que reconoce al nasciturus como persona natural.
El senador del Partido Popular Democrático (PPD) Luis Javier Hernández cuestionó la falta de acción del gobierno en temas energéticos y económicos, señalando la ausencia de una reforma de permisos, la no cancelación del contrato con LUMA Energy y el aumento en el costo de vida.
Entre las medidas aprobadas, se destaca la ley que separa al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública, y otra que exime del pago de contribución municipal a los medicamentos recetados. Quedaron sobre la mesa proyectos de impacto como el PC 915, para reorganizar el Departamento de Educación, y el PS 777, que permitiría reclamos salariales de los alcaldes. También espera evaluación el PC 269, presentado por González, que busca conceder licencias de ocupación a las estructuras existentes en La Parguera, en medio de una investigación del DRNA contra familiares de la gobernadora.
Con una legislatura dividida entre avances parciales, proyectos detenidos y medidas controversiales, el país queda a la espera de si en una eventual sesión extraordinaria llegarán las reformas prometidas.
