La gobernadora Jenniffer González reconoció que ve muy difícil firmar el Proyecto de la Cámara 420, que propone eliminar el impuesto al inventario a partir del año contributivo 2028. Según explicó, la medida, tal y como está redactada, carece de una fuente clara para sustituir los ingresos que dejarían de percibir los municipios.
“En este momento, yo quisiera firmarlo, pero, como está el proyecto, es muy difícil tomar una decisión”, admitió González al ser preguntada si consideraba vetar la pieza legislativa. Explicó además que los 78 alcaldes han solicitado a los presidentes legislativos que reevalúen el contenido del proyecto para introducir enmiendas, ya que actualmente está ante la consideración de La Fortaleza.
Sin embargo, los presidentes legislativos, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, anticiparon que no pedirán la devolución del proyecto al entender que el proceso legislativo concluyó. González dispone de diez días laborables para vetar o firmar la medida; de no actuar dentro del término, esta quedaría aprobada automáticamente. El plazo vence el jueves 30 de octubre.
“Tenemos una limitación de tiempo, porque ese proyecto lo tengo que atender antes del jueves. Así que eso, literalmente, le quita oportunidades a que una medida como esta sea aprobada”, afirmó.
La gobernadora insistió en que la falta de una fuente de reemplazo impide aprobar responsablemente la eliminación del tributo, que representa unos $314 millones anuales para los municipios. Esos fondos, recordó, se utilizan para pagar deudas, sostener servicios y apoyar presupuestos locales.
“Estamos hablando de mucho dinero que, si se elimina sin sustituirlo, el pueblo terminaría asumiendo el costo. La ley de municipios no permite quitar responsabilidades sin identificar de dónde saldrán los recursos. Hay que hacerlo bien”, puntualizó.
González recordó que la plataforma de gobierno del Partido Nuevo Progresista proponía inicialmente congelar este impuesto por cinco años y luego sustituirlo, no eliminarlo de inmediato, por lo que pidió tiempo y ajustes para evitar un impacto negativo a los ayuntamientos y a la ciudadanía.
