Washington — El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este martes la petición del presidente Donald Trump para desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago como parte de su ofensiva contra la inmigración, lo que representa una derrota significativa para su administración.
La decisión mantiene en vigor la orden de la jueza de distrito April Perry, quien bloqueó el despliegue al considerar que el gobierno no presentó fundamentos legales suficientes. Un tribunal de apelaciones también había rechazado intervenir, y el Supremo tardó más de dos meses en emitir su fallo. Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch disintieron públicamente.
“El Gobierno no ha identificado una fuente de autoridad que permita a los militares ejecutar las leyes en Illinois”, indicó la mayoría del Supremo, aunque subrayó que la orden no es definitiva y podría influir en demandas similares sobre otros intentos del presidente de enviar tropas a ciudades gobernadas por demócratas.
El juez Brett Kavanaugh coincidió con mantener el bloqueo, aunque señaló que habría dejado más espacio al presidente en casos futuros. El fallo constituye un raro revés judicial para Trump, quien, desde que regresó a la Casa Blanca en enero, había ganado varias apelaciones de emergencia sobre temas migratorios, militares y administrativos.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, celebró la decisión calificándola como “una victoria para el estado y el país”. Agregó: “Las ciudades y comunidades estadounidenses no deberían vivir con el temor de que el Presidente despliegue el ejército en sus calles”.
Desde la Casa Blanca, la portavoz Abigail Jackson defendió la postura oficial, argumentando que Trump activó a la Guardia Nacional para proteger instalaciones y personal federales de “alborotadores violentos”. Según la administración, las tropas eran necesarias ante “la resistencia violenta a la aplicación de las leyes migratorias”. Sin embargo, la jueza Perry señaló que no existían pruebas de “peligro de rebelión” en Illinois.
La orden inicial de Perry, emitida por dos semanas, fue prorrogada indefinidamente en octubre mientras el Tribunal Supremo revisaba el caso. En ese periodo, unos 200 guardias de Texas fueron enviados de regreso desde Chicago.
Las tensiones han sido frecuentes en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, donde se han registrado protestas, uso de gases lacrimógenos y arrestos. Solo el mes pasado, 21 manifestantes fueron detenidos y cuatro agentes resultaron heridos.
El caso de Illinois se suma a otros litigios en estados como Oregon, Tennessee y California, donde tribunales han bloqueado despliegues similares. En Washington, permanecen más de 2,200 efectivos procedentes de varios estados, pese a que la emergencia criminal declarada por Trump terminó hace meses. La administración ha recurrido las sentencias de California y Oregon ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
