La secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Brooke Rollins, anunció que el gobierno federal comenzará a retener fondos destinados a la administración del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a los estados que no proporcionen datos de los beneficiarios, incluyendo su estatus migratorio.
El USDA sostiene que necesita estos datos para detectar posibles fraudes en el programa, que asiste a unos 42 millones de estadounidenses —aproximadamente uno de cada ocho— en la compra de alimentos. El plan de retención representa una nueva fase de la disputa legal que surgió poco después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo. Los estados que no han entregado la información solicitada por la administración son, en su mayoría, dirigidos por demócratas.
El SNAP cuesta alrededor de 100,000 millones de dólares anualmente a los contribuyentes federales, de los cuales 94,000 millones se destinan directamente a las ayudas y el resto a gastos administrativos. Actualmente, el gobierno federal cubre cerca de la mitad de los costos administrativos, pero esa proporción se reducirá al 25% en octubre. Estados como California recibieron más de 1,200 millones en fondos administrativos el año fiscal pasado, mientras que otros, como Wyoming, apenas alcanzaron los 9 millones.
Algunos estados están tomando precauciones. Connecticut, por ejemplo, apartó 500 millones de dólares para compensar la posible reducción de fondos, según dispuso el gobernador Ned Lamont. Otros, como Kansas, apelan las notificaciones del USDA para evitar la pérdida inmediata de recursos.
La controversia ya ha llegado a los tribunales. Tras la solicitud de datos impulsada por la administración Trump a inicios de año, 28 estados —en su mayoría con gobernadores republicanos— enviaron la información requerida, mientras que 22 jurisdicciones demócratas, incluido el Distrito de Columbia, demandaron para bloquear la medida. Un juez federal en San Francisco suspendió temporalmente su aplicación, alegando posibles violaciones de privacidad.
“Si recibes ayuda alimentaria, ¿significa eso que tu privacidad debe ser invadida?”, cuestionó la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Otros estados, como Nevada, con liderazgo político mixto, han cumplido parcialmente y acudido a los tribunales.
El USDA afirma que los datos ya obtenidos revelaron a 186,000 personas fallecidas y a 500,000 beneficiarios activos en más de un lugar, aunque no se ha determinado cuántos casos corresponden realmente a fraude. “Cualquier abuso de la financiación federal es un problema, porque impide que los alimentos lleguen a quienes los necesitan”, expresó la congresista Jahana Hayes, de Connecticut.
Además, con una nueva ley firmada por Trump en julio, el gobierno amplió los requisitos para recibir asistencia. Ahora más beneficiarios deberán trabajar, estudiar o realizar trabajo voluntario para mantener el acceso a las ayudas por más de tres meses consecutivos cada tres años. Entre los afectados se encuentran adultos de 55 a 64 años, personas sin hogar y quienes tienen hijos adolescentes.
