Detrás de cada mujer asesinada por la violencia machista hay historias inconclusas y familias marcadas por la ausencia. Una de ellas es la de la bailarina Yexeira Torres Pacheco, de 23 años, quien desapareció en octubre de 2011 en un caso que estremeció a Puerto Rico y sentó un precedente en el sistema de justicia.
Por el crimen, las autoridades acusaron a su exnovio, el exagente de la Policía Roberto Quiñones Rivera, quien resultó convicto tras un proceso judicial sustentado con evidencia circunstancial, científica y testifical. Durante el juicio, testigos de la Fiscalía declararon ante el Tribunal de Carolina sobre varios incidentes de violencia.
Antes del fallo histórico de culpabilidad, el entonces juez superior Francisco Borelli Irizarry ofreció el 12 de agosto de 2014 una alocución en la que cuestionó la inercia de quienes presenciaron la violencia que sufrió Torres Pacheco. “Un pueblo que adopta la indiferencia se hace insensible ante la violencia”, advirtió.
La exprocuradora designada de las Mujeres, Vilmarie Rivera Sierra, señaló que el caso permitió visibilizar el peligro extremo de las relaciones de maltrato y el ciclo de violencia que puede culminar en un feminicidio. A su juicio, también dejó al descubierto fallas estructurales en los protocolos de búsqueda y atención.
De forma similar, Irma Lugo Nazario, portavoz de la Coordinadora Paz para las Mujeres, destacó que el caso evidenció la falta de coordinación entre agencias y la relación entre desapariciones y feminicidios, un concepto que en Puerto Rico se reconoció legalmente a partir de la Ley 40-2021.
Las cifras refuerzan la magnitud del problema. En 2011 se reportaron 1,136 asesinatos, incluidos al menos 82 de mujeres, de las cuales 25 murieron a manos de sus parejas o exparejas. Desde 2019, el Observatorio de Equidad de Género ha documentado 455 feminicidios, incluidos 113 bajo análisis. En 2025 se registraron 462 asesinatos, con 16 feminicidios íntimos y al menos 7,729 incidentes de violencia de género.
Aunque Puerto Rico ha avanzado en legislación, protocolos como la Alerta Rosa y servicios de apoyo, organizaciones coinciden en que persisten retos en la prevención, la educación continua y la divulgación de recursos. “Jamás debemos aceptar que la violencia de género se normalice”, afirmó Rivera Sierra, al reiterar que hay ayuda disponible y que reconocer las señales de alerta puede salvar vidas.
