Más allá de un posible litigio, los costos directos de una salida contenciosa de LUMA Energy —que podrían alcanzar varios cientos de millones de dólares— se concentrarían en la movilización de un operador sustituto y en la eventual obligación de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) deba pagar la cláusula de terminación del contrato aún vigente. Todo esto ocurriría mientras el consorcio continúa recibiendo su compensación por los servicios durante el periodo de transición.
La complejidad del proceso implica que el gobierno tendría que asumir simultáneamente los costos de mantener a LUMA en funciones mientras prepara a una nueva entidad para hacerse cargo del sistema eléctrico, lo que elevaría significativamente el gasto público.
En este panorama, los expertos advierten que una remoción precipitada sin mecanismos de reemplazo claros podría generar interrupciones en el servicio, retrasos en los proyectos de reconstrucción de la red eléctrica y mayores presiones financieras para la AEE y el erario.
El reportaje, firmado por Manuel Guillama Capella, analiza los riesgos económicos y operacionales que enfrenta el gobierno al evaluar un cambio de operador en medio de un contrato que continúa siendo objeto de controversia pública y política.
